La detención ilegal de dos militantes del PP el pasado mes de enero sigue en el primer plano de la actualidad. Y no es para menos. María Antonia de la Cruz Bravo e Isidoro Barrios San José fueron interrogados en dependencias policiales por aparacer en una fotografía cerca del ministro y, sobre todo, por ser afiliados al Partido Popular de Madrid. El juez ha archivado el caso por falta de pruebas pero eso no siginifica que las responsabilidades políticas hayan quedado depuradas. El Delegado del Gobierno en la capital, Constantino Méndez, debería abandonar el cargo de inmediato porque, aunque no se de por enterado, es el primer responsable de una intolerable y antidemocrática conculcación de derechos.

El ministro Alonso, por su parte, ha de hacer frente a un escándalo de gran calado. Nunca, desde que recuperamos la democracia en 1977, se habían practicado detenciones por motivos políticos. Por mucho que la inmensa maquinaria mediática al servicio del Gobierno trate de ocultarlo el caso es de una relevancia tal que todos los esfuerzos que haga el Partido Popular para exigir justicia serán pocos hasta que el Gobierno asuma la responsabilidad política de lo que hizo tras la manifestación del 22 de enero.