Acaba de estrenar su nueva magistratura, y el nuevo presidente de Galicia tiene sobre la mesa una oportunidad para definir cómo será su mandato. La anterior administración concedió dos licencias de televisión digital autonómica; una a La Voz de Galicia y la segunda a la Cadena COPE. Este jueves hemos sabido que el grupo excluído, liderado por El Correo Gallego, ha exigido que se le retire la licencia a la cadena de radio, apelando al viejo principio de justicia "quítate tú para ponerme yo".

Pero el problema de fondo está, en realidad, en la posibilidad de que el derecho a informar dependa de la voluntad arbitraria de un político. ¿Qué derecho a la información puede haber si el derecho a transmitir dicha información resulta del capricho del Gobierno de turno? ¿Dónde queda la libertad de expresión si la licencia que graciosamente le ha concedido una administración es revisable por otra? Todo queda en el juego político, como demuestra el hecho de que el grupo que ahora quiere expulsar a la Cadena COPE no ha apelado a un mejor servicio para el ciudadano, sino que recurre a valoraciones nacionalistas. De la decisión que tome Touriño podremos deducir con qué talante piensa gobernar.