El caso Dina, es decir, el caso Iglesias, tiene múltiples derivadas y todas son negativas para el capo de Podemos. Sin embargo, hay un aspecto especialmente grave al que no se está prestando la debida atención: la actuación de la Fiscalía Anticorrupción.
Todo parece indicar que los fiscales anticorrupción se coordinaron con los abogados de Podemos para fabricar una causa, o al menos dirigirla, a fin de hacer avanzar los intereses políticos y electorales del partido ultra.
Eso sería ya de por sí de una gravedad extraordinaria, la escandalosa connivencia entre un partido político y unos servidores públicos en un órgano tan sensible como la Fiscalía. Pero aún es peor si se atiende a la reacción de los responsables del Ministerio Fiscal: no sólo no hay un rechazo claro a un comportamiento tan intolerable, sino que, tal y como cuenta en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez, en lugar de poner en marcha una investigación y dictar, al menos, un apartamiento prudencial de los implicados, Anticorrupción cierra filas en torno a Ignacio Stampa.
Es un síntoma más que alarmante en un departamento cuyo trabajo está casi siempre relacionado con los partidos, suele desarrollarse en casos con un alto contenido político y, en no pocas ocasiones, tienen un inmenso impacto en la opinión pública.
Si la institución y sus responsables no se alejan como la peste de lo que parecen prácticas escandalosamente corruptas, ¿qué cabe pensar de todos casos que la Fiscalía Anticorrupción ha manejado en los últimos años? Porque lo cierto es que en no pocas ocasiones las prácticas de los fiscales anticorrupción han parecido cuestionables, y en muchísimos se ha podido intuir en sus actuaciones un claro sesgo político. Dicho de otro modo: ¿cuántas veces estos fiscales han perseguido, como en el caso de la famosa tarjeta de Dina Bousselham, intereses políticos que poco tenían que ver con la Justicia? Y algo especialmente importante: ¿cuántas veces se han pisoteado los derechos de cuántas personas para alcanzar esos fines espurios?