Expirado el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalidad para el cumplimiento de su sentencia de diciembre de 2020 que obliga a que al menos un 25% de las horas lectivas impartidas en Cataluña sean en castellano, el Gobierno regional catalán ha consumado su desobediencia, tal y como se comprometió a hacer desde el primer momento. No cabe la sorpresa, dado que el separatismo con mando en plaza en el Principado lleva décadas haciendo caso omiso de los pronunciamientos judiciales –incluidos los del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional– que han dictaminado la incompatibilidad de la inmersión lingüística integral en catalán con la Carta Magna.
Por desgracia, tampoco es novedosa la condescendencia del Gobierno central ante este reiterado delito de desobediencia y ante el no menos clamoroso fraude de ley con el que la Generalidad ha querido dar una burda apariencia de legalidad a su intolerable desacato. Lo novedoso es que esta vez dos partidos –Vox y Ciudadanos– se han mostrado partidarios de lo único que puede dar solución a este problema de la máxima gravedad: intervenir la Administración regional catalana y denunciar por desobediencia tanto al presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, como a su consejero de Educación, Josep González-Cambray.
Lamentablemente, la indolente reacción del PP de Alberto Núñez Feijoó no dista mucho de la que protagonizó Mariano Rajoy en circunstancias similares: plantear la posibilidad de un recurso ante el TC... "en caso de que Pedro Sánchez siga mirando para otra parte". Como si Pedro Sánchez no llevara años "mirando para otra parte" y como si los nacionalistas no hubieran ignorado siempre los pronunciamientos del TC sobre la materia. Igual de lamentablemente, la reacción de Feijoó apenas difiere de la del Ejecutivo social-comunista, que se ha limitado a dejar en manos del burlado TSJC la ejecución de la sentencia y a advertir con la boca pequeña al Gobierno regional catalán de una "posible prevaricación".
El problema de la inmersión lingüística que, desde hace décadas, se perpetra en Cataluña no reside precisamente en una falta de pronunciamientos judiciales, sino en la reiterada e impune desobediencia de la Generalidad y en el no menos reiterado entreguismo de los Gobiernos centrales, que se supone tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias. Claro que se puede y se debe interponer (como también han planteado Vox y Ciudadanos) un recurso ante el TC contra el decreto aprobado este lunes por el Parlamento catalán, con el que los separatistas han querido sortear el cumplimiento de la sentencia del TSJC; pero además, y de forma paralela, se han de aplicar en Cataluña los protocolos del artículo 155 de la Constitución, decisión esta que no es de índole penal sino política y que está prevista no para castigar delitos sino para evitar que se perpetren desde las propias instituciones. Por desgracia, la única y fugaz intervención de la autonomía catalana en aplicación del 155 –que se debió haber aplicado para evitar las consultas secesionistas del 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017– se hizo no para restablecer el orden constitucional en Cataluña sino meramente para preparar una convocatoria electoral.
La intervención no se debió revocar hasta obtener un compromiso público y verificable de acatamiento del orden constitucional por parte de los sediciosos. Pero no fueron así las cosas y ahora lo que tenemos son unos dirigentes regionales separatistas que siguen rabiosa e impunemente comprometidos con la violación de los derechos fundamentales y la corrosión del Estado de Derecho.