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EDITORIAL

La persistente y consentida rebelión institucional en Cataluña

¿Qué le pasa a la clase política y mediática, que parece no entender que la aplicación del 155 no está prevista para castigar delitos, sino para evitar que cometan desde las instituciones autonómicas?

No se puede negar –todo lo contrario– el carácter antidemocrático, oprobioso y vergonzoso de la monumental bronca que han protagonizado este jueves las formaciones golpistas en el Parlamento regional de Cataluña por el encarcelamiento por terrorismo de varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), auténtico brazo armado de la persistente rebelión institucional que se iniciara en el Principado en la Diada de 2012. No se puede negar tampoco el aún más grave pronunciamiento institucional que ha emitido ese Parlamento en manos de los golpistas en favor de la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña y de la impunidad para sus correligionarios encarcelados.

Con todo, ¿qué se podía esperar cuando la renuencia del Gobierno central a suspender la Administración regional en rebeldía permitió que el Parlamento salido de las últimas elecciones catalanas siguiera en manos de grupos secesionistas aun cuando hicieron público que no renunciaban a su compromiso con el golpe de Estado y su delirante Estado soberano en forma de república? ¿Qué se podía esperar si se dejó que un continuador del golpe de Estado de Artur Mas y Carles Puigdemont como es el racista y totalitario Quim Torra fuera el máximo representante del Estado en Cataluña en su condición de presidente de la Generalidad? ¿Qué se podía esperar cuando el Gobierno central se siguió negando a activar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña pese a que el golpista Torra –cuyo juicio ha sido aplazado– cumplió su promesa de desobedecer a los tribunales que le habían ordenado retirar los lazos amarillos de la fachada del Palacio de la Generalidad?

¿Qué le pasa a la clase política y mediática de este país, que parece no terminar de entender que la aplicación del artículo 155 no está prevista para castigar delitos (de eso se encargan los tribunales), sino para evitar que se lleguen a perpetrar desde las instituciones autonómicas cuando quienes las dirigen se comprometen a cometerlos?

Teniendo presente todo esto, así como las arengas de Torra a los CDR –"Apretad, apretad, hacéis bien en apretar"–, lo auténticamente asombroso es que la Cámara catalana hubiera vivido una jornada normal y democrática o emitido un impecable pronunciamiento institucional en repudio de la violencia secesionista y en defensa del orden constitucional.

Con todo, lo peor es pensar que, por desidia o interés político del Gobierno de Pedro Sánchez, el cabecilla del golpe que preside la Generalidad no sólo cuenta con la lealtad de los CDR –entre los que figuran miembros de su familia–, sino con la obligada obediencia de miles de Mozos de Escuadra, entre los que puede haber muchísimas personas respetuosas del orden constitucional, pero que, estando a las órdenes de Torra, difícilmente podrán evitar o perseguir el terrorismo callejero de los CDR cuando este brazo armado del secesionismo institucional apriete y apriete contra la nación española y su Estado de Derecho.

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