La Sala Penal del Supremo acaba de evitar a Jaume Matas su ingreso en prisión al rebajar de 6 años de prisión a nueve meses la pena a la que le condenó la Audiencia de Baleares por beneficiar con dinero público al periodista que le redactaba los discursos, Antonio Alemany. Aunque el Alto Tribunal mantiene la condena por tráfico de influencias, elimina la comisión de los delitos de de fraude a la Administración, falsedad en documento oficial y mercantil, prevaricación, malversación y tráfico de influencias agravado, por los que la Audiencia de Palma también condenó al ex ministro y ex presidente balear.
Aunque muchos estimasen en su día desmesurada la condena dictada por la Audiencia de Palma, no menos exagerada es la rebaja dictaminada ahora por el Supremo si tenemos en cuenta que sus magistrados no discuten uno solo de los hechos considerados como probados por el tribunal balear. Y los hechos, en resumidas cuentas, son que Matas de 2003 a 2007 concedió a Alemany, mediante un concurso pantalla a favor de su empresa Nimbus, 200.000 euros por escribir sus discursos y asesorarle en materia informativa, al tiempo que influyó para beneficiarle con una subvención de 450.000 euros para crear una agencia de noticias. ¿Cómo es posible que la valoración delictiva de unos mismos hechos pueda variar tanto de un tribunal a otro?
Matas ha valorado positivamente la sentencia del Supremo como prueba de la "independencia de la justicia" frente a un "clima muy malo" que no la favorece. Sin embargo, si el ex presidente balear considera que la severa sentencia del Tribunal Balear pudo obedecerse a la errada presión de una opinión pública hastiada por los casos de corrupción, no menos legítimo es considerar que la indulgente sentencia del Supremo se ha dejado influenciar por el poder de unas élites políticas que designan y cesan a sus miembros. Más aun cuando llueve sobre mojado tras la reciente sentencia del Supremo que, sin negar tampoco los hechos denunciados, exculpaba al ex ministro socialista, José Blanco, en unas sorprendentes consideraciones que prácticamente dejaban sin contenido al delito de tráfico de influencias.
No vamos a negar que el clima de corrupción generalizada que padecemos pueda incitar a muchos a realizar juicios paralelos y a elevar condenas sin conocimiento de causa. Pero no menos cierto es que ese clima de corrupción ha sido en muchas ocasiones favorecido por unos Tribunales de Justicia que se han mostrado mera correa de transmisión de unos partidos políticos que, hoy por ti mañana por mí, se tapan mutuamente sus vergüenzas.
Lo evidente es que, mientras persista la designación política de los miembros de nuestros más altos tribunales, la independencia de la Justicia y el imperio de la Ley no estarán garantizados y la sombra de la sospecha se seguirá cerniendo sobre sus sentencias.