No contento con proclamar que su compromiso como nuevo presidente de la Generalidad no es otro que el de impulsar el ilegal proceso secesionista que pusiera en marcha Artur Mas en 2012, el racista Joaquim Torra pretendía hasta este miércoles incluir a dos prófugos de la Justicia –Lluís Puig y Antoni Comín– y a dos presos preventivos –Josep Rull y Jordi Turull– en su equipo de gobierno.
Es cierto que el Gabinete Rajoy decidió por este motivo hace unos días no autorizar la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad del decreto de nombramiento de los nuevos consejeros, decisión que ha avalado este miércoles la Abogacía del Estado. Ahora bien, resulta obvio que eso no era ni es suficiente. Y es que lo decisivo no es impedir que el sucesor o testaferro de Carles Puigdemont materialice su desafío al Estado de Derecho en compañía de sujetos con causas pendientes con la Justicia, sino evitar que desde la Generalidad se siga adelante con el golpe de Estado supremacista.
Al fin y al cabo, ni Artur Mas, ni Carles Puigdemont ni ninguno de sus consejeros fueron en su día sujetos con causas pendientes con la Justicia, y eso no les impidió perpetrar, una vez llegados al Gobierno de la Generalidad, las primeras fases de este golpe de Estado en forma de proceso secesionista. Por eso lo decisivo no es que Torra haya renunciado a incluir en su Gabinete a unos implicados en la segunda fase del procés, sino el hecho de haya puesto en marcha la tercera fase del mismo.
Aunque el Ejecutivo de Rajoy pueda ahora ocultarlo con mayor facilidad, lo cierto es que el compromiso de Torra con el procés de Mas y Puigdemont es tan firme como su voluntad de seguir recurriendo al dinero del contribuyente para financiar sus visitas a quien lacayescamente llama "presidente de la República Catalana en el exilio". En definitiva, un delito de malversación de fondos públicos como el que perpetrará el día que viaje a Alemania a rendir pleitesía a Puigdemont en compañía de sus nuevos e inmaculados consejeros.