La decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig Holstein de persistir en su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso de extradición contra el golpista Carles Puigdemont constituye claramente, y sin que sea necesario mayor comentario, una pésima noticia. Con todo, téngase presente que no tiene por qué ser la última palabra de la Justicia germana y que, en cualquier caso, más vale el destierro del indeseable en Alemania que someterlo a un mal juicio en España.
Sea como fuere, esta noticia no debe servir para eclipsar el escandaloso anuncio hecho este martes por el nuevo presidente de la Generalidad, el racista Joaquim Torra, de que recurrirá al dinero del contribuyentepara costear sus viajes a Alemania para ver al golpista prófugo, al que considera "presidente legítimo de Cataluña".
No nos cansaremos de denunciar el temerario e irresponsable disparate que fue la tan tardía intervención de la Administración regional catalana, y únicamente para convocar nuevas elecciones. Con todo, ¿es de recibo que desde el Ministerio Público no se haya advertido al testaferro de Puigdemont de que financiar viajes de esa índole con dinero público es constitutivo de un delito de malversación? ¿Es normal que, ante estas gravísimas declaraciones de Torra, el ministro de Hacienda vuelva a guardar silencio? ¿Es este el control financiero que Cristóbal Montoro iba a ejercer para evitar "gastos indebidos" relacionados con el proceso separatista?
¿Y qué decir de los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos? ¿Van a seguir respaldando que el Fondo de Liquidez Autonómica financie de forma extraordinaria a la Administración en rebeldía? ¿No les parece que el racista Torra ha dejado meridianamente claro que dicha Administración va a seguir desafiando al Estado de Derecho? ¿Van a seguir negándose a presentar denuncias en el ámbito penal contra los golpistas?
Tanto para visitar a quien considera "presidente legítimo de la República catalana" como para llevar a cabo su anunciado plan de reabrir embajadas, reponer a los cargos destituidos y llevar a cabo movilizaciones en la calle a favor de los golpistas, Torra necesita y pretende usar el dinero del contribuyente. Demencial es que lo anuncie, pero peor aún es que los constitucionalistas lo silencien.