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Jurisprudencia golpista

El mes de noviembre nos ha dejado tres decisiones judiciales que ya son manejadas como jurisprudencia contra la Ley.

Carles Puigdemont, con Arnaldo Otegi | Twitter

A falta de una acción política que el presidente Sánchez quiere postergar impidiendo elecciones generales, la confianza en la lucha contra el golpe de Estado de la Generalidad está depositada en la Justicia. Pero el mes de noviembre nos ha dejado tres decisiones judiciales que ya son manejadas –todo es posible– como jurisprudencia contra la Ley.

El auto de la Audiencia de Barcelona, al estimar un recurso contra un juzgado de Manresa por la actuación policial durante el 1-O, sostiene que la Guardia Civil debió permitir la votación porque no tenía consecuencias jurídicas. ¿Acaso se espera que un golpe de Estado busque "consecuencias jurídicas"? Pero es que, además, la Audiencia destaca la ilegalidad del referéndum, así que estamos, según un tribunal, ante un acto ilegal que no debe ser prohibido.

Dice también el auto que hubo "excesos policiales". Y vaya si los hubo: de los Mossos custodiando y transportando urnas con la pistola al cinto. Por eso el público pro-golpista aplaudía su paso y escupía el de la Policía Nacional. Por eso, asediaron a la Guardia Civil destrozando coches patrulla y robando sus armas. Pero el auto considera que hay que revisar imágenes y tratar de localizar a los policías nacionales y guardias civiles violentos para castigarlos por tratar de impedir un acto ilegal… que no debió prohibirse. No tiene demasiada importancia, al parecer, que el magistrado ponente de dicho auto se llame José María Assalit Vives y que firmara en 2013 un manifiesto a favor del referéndum.

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España y a favor de Otegi alimenta también el ideario jurídico del golpismo. Tanto es así, que dos de los personajes fallidos de nuestra democracia, Otegi y Puigdemont, ya han pactado un "frente común" contra el "Estado totalitario". De todas formas, el etarra visitó al fugado Puigdemont y no al encarcelado Junqueras, por si acaso.

Según el TEDH, el terrorista no tuvo un juicio imparcial en el caso Bateragune -reconstrucción del brazo político de ETA- porque algunos de los magistrados estaban contaminados por actuaciones anteriores contra él o contra el entorno político etarra. Pero sigue sin importar que en el auto de la Audiencia de Barcelona el ponente sea firmante pro-referéndum. El caso es que Europa avanza con ahínco hacia su autodestrucción.

Por último, el fallo del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, es asumido por los golpistas como prueba indubitada de que "la injusticia española es una amenaza para la Democracia". La autora de la frase, la portavoz del gobierno de Torra, Elsa Artadi, quiere que la Fiscalía del General del Estado (opresor, supongo) investigue a Carlos Lesmes y a Luis María Díez-Picazo por si hubiera delito en el "cambio de una sentencia firme". Pero, ¿qué hacen los nacionalistas catalanes con las sentencias firmes? Demostrar que la Justicia no es un freno si es adversa. Y nunca ha pasado nada.

Pero ahora, además, no están solos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que el Poder Ejecutivo -siempre que lo detente él- es la última instancia judicial. A imagen y semejanza de los golpistas, defenderá y aplicará los fallos que considere útiles para sí y tumbará aquellos que le contravengan. Lo dijo Pablo Iglesias Posse en julio de 1910 en el mismo discurso en el que anunció el atentado que se perpetró después contra Maura. Aquí lo hemos repetido en varias ocasiones pero es que así aparece en el Diario de Sesiones del Congreso:

"Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones".

Resulta triste que a algunos les parezca exagerado o anticuado decir la verdad. La de ayer la resumió el fundador del PSOE hace casi 120 años. La de hoy, apenas disimulada, es que al lado del presidente Sánchez están los que están: golpistas, terroristas y extrema izquierda. Y entre todos pretenden raptar a la Justicia antes de que se pronuncie sobre el golpe de Estado de la Generalidad.

A este paso -locución todavía de esperanza-, antes de que nos demos cuenta estaremos comiendo tres veces al día como en Venezuela.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

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