En su libro "Tumbaollas y hambrientos", Juan Eslava Galán recoge una anécdota, probablemente apócrifa, sobre la prohibición de comer carne los viernes en la España católica. Cuenta el autor, en concreto, que en un cierto monasterio medieval, los monjes recurrían a una burda estratagema, consistente en arrojar un cerdo al río los viernes, para a continuación sacarlo del agua. De esta manera, el animal, habiendo sido "pescado" podía ser consumido sin romper el ayuno.

Como digo, la anécdota es probablemente apócrifa, porque en diversos sitios la he visto atribuida a un monasterio portugués, a un monasterio español e incluso a los habitantes de la localidad de Sahagún de Campos, que según la leyenda arrojaban a los cerdos al río Cea para luego pescarlos.

Sea leyenda o no, la anécdota refleja esa picaresca consistente en jugar con las palabras para burlar las prohibiciones.

Como ya saben ustedes, hace tiempo que en la política española está abierto el debate sobre la conveniencia de permitir la presencia de imputados en las listas electorales de los partidos políticos. Mientras algunos partidos, como UPyD, tienen a gala no permitir que un imputado concurra a las elecciones con sus siglas, el Partido Popular y el Partido Socialista tienen imputados a numerosos cargos municipales, muchos de los cuales optarán el próximo mes de mayo a revalidar su mandato.

Sin embargo, esa situación va a cambiar radicalmente, porque ayer, el gobierno del Partido Popular anunció que modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para cambiar el nombre a los imputados. En cuanto la ley se apruebe, los ahora imputados pasarán a denominarse "investigados". De esa forma, PP y PSOE podrán presumir, con razón, de que no llevan imputados en sus listas.

Hasta ahora, cuando las fuerzas de seguridad investigaban a alguien, debido a una denuncia o a una sospecha de delito, esa investigación podía terminar concretándose en una imputación o no. Si se concretaba en una imputación, quería decir que un juez había visto indicios suficientemente sólidos de que el investigado pudiera haber cometido uno o más delitos. Ahora, con la modificación propuesta por el gobierno, esa distinción desaparece. Lo cual plantea interesantes dudas semánticas.

Por ejemplo, si alguien dice que "fulanito está investigado por cohecho", ¿querrá decir simplemente que se le está investigando de forma rutinaria a raíz de una denuncia, pero que no se ha encontrado aún indicio de delito? ¿O querrá decir que el juez ya ha encontrado indicios de delito y el sujeto en cuestión está siendo formalmente "investigado"?

Pongámoslo con un ejemplo concreto: si yo presento una denuncia sin ningún fundamento contra Mariano Rajoy, aportando datos inventados por mi sobre su patrimonio, alguien tendrá que efectuar unas mínimas comprobaciones sobre lo que yo diga, antes de archivar la denuncia. Dado que la palabra "investigado" se reservará ahora para lo que antes era "imputado", ¿cómo llamaríamos a Rajoy durante el tiempo que duren esas mínimas comprobaciones? ¿Indagadito?

O, por poner otro caso más real, ¿qué adjetivo podríamos ponerle a Ignacio González, que estaba siendo investigado por funcionarios policiales sin estar formalmente imputado?

Me parece un despropósito semántico la propuesta del gobierno, pero comprendo perfectamente su objetivo: quitar carga denigratoria a la condición de imputado y poder seguir haciendo como que no pasa nada, en un país donde los casos de corrupción política se cuentan por centenares.

Si nuestros códigos éticos dicen que no podemos llevar imputados en las listas, los llamamos investigados y asunto resuelto. Al fin y al cabo, como le decía Humpty Dumpty a Alicia, el significado de las palabras no importa; lo único importante es saber quién manda.

Pero déjenme que les diga una cosa: por mucho que nuestros políticos se empeñen, un cerdo seguirá siendo un cerdo, aunque lo tires al río o aunque digas que tan solo está siendo "investigado".