Si no fuese por la UE, cada vez más perdida en la elefantiasis burocrática, por otra parte, España se habría despeñado por el peronismo-bolivariano que asola Hispanoamérica. Pedro Sánchez es tan ridículo, incompetente y venenoso como López Obrador o Alberto Fernández. Y la suma de PSOE, Bildu, ERC, Podemos, PNV nos habría arrastrado a cancelar la Constitución del 78 por franquista como está sucediendo en Chile, al borde del desastre constitucional más espantoso desde la Venezuela de Chávez. Como no se atreven a declarar caduca la Constitución, por ahora, establecen leyes como la de la Memoria Democrática, al estilo de la Ley de Defensa de la República del 31, cuyo objetivo es exactamente el contrario del que proclama su título, ya que lo que pretende es establecer una categoría de españoles buenos frente a españoles malos. ¿Quiénes son los buenos? Basta con identificar a los que padecen tal síndrome de superioridad moral que siguen exhibiendo símbolos totalitarios, vociferando himnos dedicados a famélicas legiones mientras brindan con champán y celebrando a personajes genocidas como si tal cosa en las ceremonias de sus partidos.
Los Pactos de la Moncloa se firmaron en 1977 entre las fuerzas políticas más representativas, de Fraga a Carrillo pasando por Suárez y González. Se trataba de dar una respuesta de Estado a problemas acuciantes para la jovencísima democracia liberal, de la inflación al desempleo pasando por el terrorismo y el déficit comercial. Veinticinco años después, volvemos a la inflación, el desempleo nunca se fue, el déficit comercial se ha convertido en una estratosférica deuda pública y ETA se ha disuelto, pero en el País Vasco y Cataluña los nacionalistas siguen acosando a los constitucionalistas, amén del golpismo subyacente a la clase dirigente catalanista.
¿Cómo es posible que Suárez y Carrillo pudieran sentarse a hablar y negociar, incluso a congeniar? Suárez había sido el último en conseguir la Orden Imperial del Yugo y las Flechas que también tenían Hitler y el resto de la plana mayor nazi. Carrillo, por su parte, había animado a derrocar la Segunda República siendo dirigente juvenil del PSOE en tiempos de Largo Caballero, y posteriormente se había hecho comunista y fan de Stalin. Pero, de repente, el yugo hacía migas con la hoz y las flechas se aliaban con el martillo.
El secreto residía en que ambos, y también González y Fraga, a pesar de sus muchas diferencias, estaban dispuestos a hablar y alternar, cosa que Carrillo reconocía que era imposible en los tiempos más polarizados y sectarios de la Segunda República. Sin duda, Carrillo tenía modos autoritarios leninistas en su liderazgo comunista, pero de mismo modo que tuvo el coraje de enfrentarse al Politburó soviético por la invasión de Hungría, fue todavía más arrojado cuando, de la noche a la mañana, hizo que el PCE apoyase la "monarquía habitable" (así la definía), aceptase la bandera rojigualda, el himno tradicional y se olvidase de veleidades revolucionarias, violentas y populistas.
El único defecto en la Transición cabe achacarlo a los nacionalistas que, como destacó el socialista Peces Barba, habían sido sumamente desleales, en el mejor de los casos, y terroristas en el caso más extremo. La traición nacionalista al espíritu y la letra constitucional, a la esencia de la democracia liberal, sigue estando hoy tan vigente como entonces, aunque hayan limado las aristas más violentas. El problema es que la izquierda, ayuna de un Carrillo adulto, se ha lanzado en los brazos de adolescentes políticos como Pablo Iglesias.
La Transición fue un matrimonio entre la clase media y la clase obrera, de políticos e intelectuales, unidos por un deseo de mayor libertad, lo que se manifestó culturalmente en fenómenos como la Movida y en la administración en las Autonomías. Lo que estamos viviendo ahora es el Acabamiento: un divorcio entre españoles promovido fundamentalmente por la izquierda a través de un feminismo sectario, una memoria envenenada, un afán revanchista y el incesante, interesado y entusiasta apoyo de los nacionalistas. Lo que está provocando el empobrecimiento del país, la debacle educativa, la fragmentación nacional, el quebranto de la confianza en la intelectualidad y la ciencia, la justicia sustraída a sus órganos propios para imponer la perspectiva de género y los tribunales populares, y una concepción absolutista y autoritaria del poder a golpe de decreto ley, fake news y adoración al líder.