PSOE

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció este lunes que no ha podido constatar "una voluntad inequívoca por parte de ETA de abandonar la violencia". El ministro también se ha pronunciado sobre las declaraciones del portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor, quien dijo que el Gobierno de Rodríguez Zapatero había demandado a ETA-Batasuna una reunión bilateral, pero la banda se había negado. José Blanco fue el primero en desmentirle. Tras esta "trifulca" –así la ha calificado Acebes- Zapatero ha dado orden de que nadie, excepto De la Vega y Rubalcaba hablen del proceso. Lo ha trasmitido el propio Blanco.

El PSE aceptaría que Batasuna-ETA sea un partido legal sin condenar el terrorismo. Miguel Buen, secretario socialista de Guipuzcoa, no lo considera necesario. "¿Por qué?", se explica en El Diario Vasco, "yo no tengo que condenar la violencia porque doy por supuesto que juego en democracia". Otra concesión a la que está dispuesto es que sólo los vascos decidan sobre su futuro. "Si a mí me dicen que un 75% de los ciudadanos vascos quiere la independencia, mucho me temo que por mucho que me oponga, el País Vasco conseguirá la independencia", dice el dirigente del PSE. Sobre la cuestión Navarra, el PSE apuesta ahora por formar una Eurorregión. Y mientras los socialistas exponen las concesiones políticas a las que están dispuestos, la violencia etarra ha perpetrado nuevos ataques en las calles del País Vasco tras el último Zutabe difundido por la banda.

Veinte afiliados del PSOE, "entre ellos cargos electos" del País Vasco, Extremadura, Madrid, Valencia y Cataluña, piden el acercamiento de los presos terroristas, la derogación de la Ley de Partidos, "que excluye de la vida democrática a un sector importantísimo del pueblo vasco", así como "dar por finiquitado el Pacto Antiterrorista y por las Libertades". Lo cuenta este domingo el diario proetarra Gara, que asegura haber tenido acceso a la carta, "fechada en mayo", y la cita textualmente. La Moncloa les habría respondido con otra en septiembre, y el mismo diario presume de manejarla y la extracta. Ni el PSOE ni el Gobierno han informado de esta corriente de presión ni de quiénes la integran. En paralelo, Miguel Buen ha declarado que acepta que "si el 75% de los vascos quiere la independencia, el País Vasco conseguirá la independencia".

Los requisitos de legalidad de un partido político en España se enumeran en el Capítulo II de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, aprobada en 2002 por acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE. La Ley exige a una asociación política mucho más que una condena inequívoca del terrorismo. En concreto, el artículo 9 exige a una asociación política respeto a los valores constitucionales, "expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos". Un partido "será declarado ilegal", específicamente, por "vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual".

El PP ha registrado en el Congreso una batería de preguntas a la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, para conocer el grado de colaboración del Ente Público con la elaboración del vídeo propagandístico sobre la tregua de ETA de 1998 que presentó el PSOE. El vídeo consistió en un intento de los socialistas de equiparar la negociación actual con los terroristas con las conversaciones del Gobierno de Aznar con ETA. El Partido Popular respondió desde su web a las manipulaciones con un documento titulado "PSOE, mentiras y cintas de vídeo".

El PSOE ha publicado en su web el manifiesto titulado "Constitución, laicidad y Educación para la Ciudadanía" en el que defienden la laicidad de la Carta Magna y ensalzan las virtudes de la nueva materia que la reforma educativa quiere introducir en el currículo escolar, la Educación para la Ciudadanía. Por su interés reproducimos a continuación el contenido íntegro de este manifiesto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró este lunes un "tremendo error" por parte del PP que denuncie la negociación con los terroristas en lugar de colaborar. Según la vicepresidenta, el PP sólo pretende "desgastar al Gobierno". Horas antes, José Blanco había acusado al PP de utilizar el "engaño" y la "mentira" para "confundir" a los españoles sobre la negociación. Desde el PP, Ángel Acebes exigió al Ejecutivo que ponga en marcha "de inmediato" los mecanismos para evitar que el brazo político de ETA pueda presentarse a las elecciones municpales y forales de 2007.

La líder popular en el País Vasco ha confirmado este lunes en la cadena COPE lo suscrito por Mayor Oreja, que la "negociación estaba abocada al fracaso". Según la presidenta del PP vasco, la política emprendida hace dos años por Zapatero ha provocado que "ETA-Batasuna esté en las instituciones, que Navarra sea un objetivo político y que exista una mesa de partidos con un orden establecido". Tal panorama exige, según San Gil, responsabilidad política y "en esa tarea está el PP". Además, ha pedido a Rodríguez Zapatero que aprenda de los errores y virtudes de José María Aznar, porque "llevamos más de 40 años con ETA".

La presidenta en funciones de Canarias ha abandonado este sábado un acto público en el que coincidió con el ministro de Justicia y candidato del PSOE, por diferencias sobre el protocolo de clausura. Juan Fernando López Aguilar impuso su voluntad de cerrar el acto, a pesar de la prevalencia protocolaria de la figura del presidente autonómico. Adán Martín, a punto de salir hacia Cuba, ha reaccionado con dureza a esta actitud, reprochando al ministro candidato una falta respeto. "Desde que ha sido elegido a trompicones" como candidato, "se comporta cual elefante en cacharrería", dijo de él. No es la primera vez que López protagoniza un conflicto de protocolo con las autoridades locales, en su afán por presidir todos los actos a los que acude. CC protestó por su presencia como "ministro de Jornada" empotrado en la reciente visita de los Reyes a Canarias.