Inmigración ilegal

Todos aquellos que han entrado ilegalmente en territorio español serán repatriados, afirmó el ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba en una entrevista con la Agencia de Prensa Senegalesa (APS). Rubalcaba volvió a repetir que mientras se han registrado decenas de muertos entre los inmigrantes clandestinos que han naufragado en las costas de otros países, ello nunca ha sucedido en el litoral marítimo español. "No podemos seguir recibiendo a 25.000 ilegales cada seis meses", dijo Rubalcaba, quien subrayó que "este fenómeno podría generar la xenofobia y el rechazo de los extranjeros por parte de los españoles".

Las cinco organizaciones de la policía en Canarias se reunieron este lunes con representantes de la Inspección Central de Servicios, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, con el objeto de atender las demandas de los agentes ante el fenómeno de la inmigración irregular. Los sindicatos policiales advirtieron de que, dado "el paisaje desolador" de los centros de internamiento puede haber "motines" en cualquier momento.

La situación de desbordamiento con la llegada masiva de inmigrantes a las Canarias está provocando el caos en el PSOE y en el propio Gobierno. Tras declarar José Blanco que el mercado de trabajo ya no puede absorber a más inmigrantes, Trabajo le contradijo y aseguró que España "seguirá necesitando" inmigrantes. Esta llamada de atención obligó al secretario de Organización a matizar que quería decir que no iba a haber más regularizaciones. Rajoy, por su parte, ha pedido que se prohíban las regularizaciones masivas. Pero lo más significativo es el silencio del ministro Caldera.

Un total de 736 inmigrantes, entre ellos al menos 17 menores, han alcanzado de manera ilegal las costas canarias durante el fin de semana a bordo de nueve cayucos. De ellos, 224 lo hicieron durante la jornada del sábado en cuatro embarcaciones y los 512 restantes durante el domingo. A estos se suman otros 100 irregulares que arribaron a las costas de Granada y Almería a bordo de tres pateras. La masificación de inmigrantes está provocando motines en los centros de internamiento, además de graves problemas sanitarios.

Un nuevo motín, el segundo en menos de una semana, ha obligado a la policía a actuar este sábado en el centro de extranjeros de El Matorral (Fuerteventura). Hay 1.600 personas en un centro con capacidad para 700. Más de 300 se han negado a ser identificados por agentes de Senegal enviados para cooperar en la repatriación. Según han informado a Libertad Digital fuentes de la Seguridad del Estado en Canarias, los amotinados han roto sus camisetas y se han negado a entrar en el comedor a la hora del almuerzo. Los siete agentes que custodian a los 1.600 internos pidieron refuerzos a la UIP, que acudió con instrumental antidisturbios. Más de 200 personas han desembarcado ya este sábado, mientras se espera la llegada de otras veinte pateras en las próximas horas. La situación es insostenible, según reconoce el propio delegado del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, comparó este viernes el fenómeno de la inmigración irregular en las islas con un "huracán Delta humanitario" y reconoció que los miembros de las fuerzas de seguridad están "reventados de actividad y evidentemente faltan medios". Segura dice que cuando los agentes le comentan "no aguantamos más, les digo estoy totalmente de acuerdo, porque yo tampoco". El representante del Gobierno dice que lo que hay que hacer es "rezar al Niño Jesús para que nos ayude". Este no ha sido un buen día para el Gobierno. En Europa, Sarcozy ha criticado que no se consulte sobre una regulación masiva y después se pida socorro y en Africa, el gobierno de Senegal ha señalado que es la legislación española la que estimula la inmigración ilegal.

Dos de cada diez inmigrantes llegados en patera en 2006 tienen hepatitis, lo que supone un número aproximado de 4.000 infectados. Al menos en un caso se ha diagnosticado el virus VIH, pero la Policía reconoce que el afectado fue trasladado a la Península en uno de los vuelos de la vergüenza de la política de dispersión. El SUP, por medio de un portavoz autorizado en Las Palmas, ha informado a Libertad Digital que se analiza el estado de salud de todos los retenidos y los resultados revelan una tasa significativa de enfermedades contagiosas. Un agente de la Policía en Tenerife ha contraído el tifus por el estrecho contacto con las condiciones infrahumanas en una comisaría. Tres motines, el último este sábado, han alertado de una situación explosiva, ante la que hasta el delegado del Gobierno ha reconocido que "no aguanta más".

La secretaria de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, ha criticado al Gobierno por no tomar "ninguna decisión para cambiar la política de inmigración del Gobierno en España" y "atajar el gravísimo problema" de la inmigración. Por esta razón, ha pedido al Ejecutivo que "rectifique" y "cambie las normas" ya que hasta el presidente de Senegal ha acusado a España de no hacer "nada" para frenar la inmigración ilegal. Pastor ha interpretado el anuncio de crear en el Ministerio de Interior una nueva Dirección General de Relaciones Internacionales y de Extranjería como un "varapalo absoluto" al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, "al que no han cesado pero intentan quitarle las competencias que tenía".

La política de inmigración del Gobierno socialista está recibiendo serias bofetadas desde Europa hasta Africa. Primero el ministro del Interior francés, Nicolás Sarkozy, ha culpado a España del problema de la inmigración ilegal por la regularización masiva de Caldera y le reprochaba que ahora pida socorro a Europa. Poco después el ministro del Interior de Senegal, Ousmane Ngom afirmó que la legislación española vigente estimula la inmigración ilegal. El presidente senegalés, Abdoulaye Wade, también aprovechó para recordar a España que "están tardando en abonar el importe de ocho millones de euros prometidos".