Los partidos del 155 celebran que ya ha pasado un mes desde su aplicación sin que arda Troya. Los funcionarios autonómicos han aceptado el artículo. También los altos cargos del separatismo acatan la nómina fresca y suculenta que les llega por estas fechas a pesar de la terrible represión del Estado que les mantiene despacho, subordinados y prebendas. Esperan el retorno de los capos exiliados y encarcelados tras las elecciones de Rajoy y mientras tanto matan el rato montando las campañas del ido Puigdemont y el abducido Junqueras.
El vacío de poder provocado por el anuncio del 155 y la fuga del expresidente de la Generalidad ha sido ocupado por los correveidiles de los exconsejeros, que si no mueven un papel es porque no les da la gana, ya que el Gobierno ni está ni se le espera. La medrosa y timorata aplicación del demonizado artículo de la Constitución es un fase sabática que los directores generales y sus pelotas aprovechan para borrar pistas y hacer listas.
El temible 155, la bomba de neutrones administrativa, consiste en que los peones del golpe tienen todo el tiempo del mundo para leer la abundante correspondencia mística de Junqueras y seguir en riguroso directo por TV3 las deambulaciones belgas de Puigdemont, al que los periodistas del régimen tratan de "president a l’exili" con untuosa y reverencial reiteración, ya sea por lealtad a sus mentores o para no meterse en problemas en el corto plazo del 21-D.
Durante estas cuatro semanas del excepcional 155, la escuela catalana ha tocado a rebato para blindar inmersión y adoctrinamiento y los medios públicos han agudizado el discurso del odio a España con mentiras tan deleznables como que la supuesta intervención de la Generalidad por parte del Estado impide pagar a los proveedores de servicios sociales. Así es que enseñanza y medios catalanistas refuerzan sus perrerías al tiempo que el Gobierno se felicita porque los cargos de confianza separatistas, que acatan o atacan según les convenga, no han renunciado a los generosos sueldos de la Administración, en la que un funcionario autonómico del común cobra de media 21.000 euros más al año que cualquier vulgar servidor del Estado. Ahí están las nóminas de los guardias y los mozos para demostrar el escarnio.
El Gobierno y el PSOE siguen en su engaño, e incluso Ciudadanos, que da por descontado que en el 21-D se obrará un milagro mediante el cual los votantes independentistas se quedaran en casa o se echarán en masa a los brazos de Iceta y Arrimadas porque ha quedado meridiano que Puigdemont y Junqueras son patéticos e incompetentes. Cierto, tan cierto como que los nacionalistas no vienen de una mayoría de votos pero sí de escaños, reforzada por la ambigüedad de la izquierda de Colau.
En el mejor de los supuestos, el resultado de las elecciones en Cataluña se anticipa tan ajustado que no se descarta la repetición de los comicios. En la realidad, PP, PSOE y Ciudadanos presumen del 155, pero no lo han aplicado. Lo han apostado todo a unas elecciones libres en un territorio oprimido por el nacionalismo y sometido a una ley electoral que multiplica por diez el voto subsidiado de la Generalidad en el interior y mantiene intactas madrasas y minaretes.