Esta semana se jactaba Javier Arzalluz de que el Pacto de Estella entre PNV y ETA había logrado “asustar a Madrid”, como si se tratara de una iniciativa del mundo nacionalista y no de una visceral reacción contra el “espíritu de Ermua” que logró aunar a la mayoría de la sociedad vasca contra el terrorismo. Entonces, los nacionalistas en el Poder con el lehendakari Ibarretxe pretendieron vender la burra de un “proceso de paz” similar al del Gobierno socialista durante la anterior legislatura, pero de nuevo ETA se encargó de mostrar su verdadero rostro y retomó los atentados, aunque sólo después de haberse presentado a las elecciones autonómicas con las siglas EH.

De un tiempo a esta parte, nada ha cambiado sustancialmente en la vida política cotidiana del País Vasco, a no ser la postura de un PSE que, después de haber resistido junto al PP los embates coaligados de PNV y ETA con Nicolás Redondo Terreros, ha pasado con Patxi López a aprobarle los Presupuestos a un Gobierno Vasco que sigue en la línea de Estella con el único fin de lograr la independencia, aun con los votos de los terroristas. Porque el Plan Ibarretxe, su consulta, sus Presupuestos e iniciativas para ayudar a los presos de ETA y a asociaciones y grupos afines a los terroristas arrancan del mismísimo Pacto de Estella, “suspendido” en 1999, según declaró Ibarretxe, pero vigente a todas luces en lo que atañe a la estrategia de desbordamiento de la Constitución Española de 1978 por cualquier medio.

Así, a la tradicional connivencia o condescendencia del PNV con los terroristas, “ovejas descarriadas” de la familia nacionalista, a fin de cuentas, se vinculó de manera inexorable el proyecto frentista compartido entre los que sacuden el árbol y los recogenueces, cuya traducción inmediata fue la creación de Udalbiltza, asamblea de municipios vascos que había de funcionar como estructura de poder paralela a la establecida por el ordenamiento jurídico español. En estos últimos diez años, las públicas desaveniencias entre PNV y ETA no han podido sin embargo ocultar ni restar un ápice de valor al Pacto de Estella, porque ése es el modelo de referencia para muchos nacionalistas vascos que lo único que parecen capaces de criticar es el cinismo de un PNV aferrado a las instituciones vascas, y por ende su falta de arrojo a la hora de subvertir el sistema constitucional.

Pero para los jelkides, tan importante es avanzar hacia la independencia como dificultar a ETA el liderazgo del movimiento nacionalista. A fin de cuentas, los terroristas también participan siempre que pueden en las elecciones que les reportan multitud de alcaldías, concejalías, cargos políticos y otro tipo de puestos de representación en asociaciones, empresas públicas y entidades financieras. Por todo ello, 10 años después de la firma del Pacto de Estella sólo podemos constatar algún resquicio de duda en el seno del PNV sobre la estrategia compartida con ETA, junto a un Partido Socialista que, lejos de acabar con el frentismo nacionalista, ha abierto nuevas puertas a los terroristas para que puedan continuar con su permanente chantaje político a la sociedad vasca.

Hoy como ayer, el error o el crimen supone brindar a ETA el papel de interlocutor político, convirtiendo la Ley en papel mojado y degradando el Estado de Derecho hasta su práctica desaparición en lugares como el País Vasco, donde los miembros de la oposición se ven obligados a vivir escoltados mientras el Gobierno Vasco insiste en proclamar que el Estado español viola los “derechos humanos” de los independentistas. Pero el caso es que Ibarretxe nunca salió de Estella, pese a los buenos ojos con los que le mira Patxi López. Y la verdad es que la sociedad vasca solo verá el fin de esta pesadilla cuando en el ejercicio de su “derecho a decidir” (las próximas elecciones) opte por dejar a los nacionalistas en la oposición. Es posible, es necesario, es saludable.