En la tarde de este jueves, poco después de que las principales asociaciones de víctimas del terrorismo diesen un paso adelante y convocasen diferentes movilizaciones contra la excarcelación del etarra Bolinaga, demostrando así que su enfado con el Gobierno es mayúsculo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dio respuesta a las críticas en una comparecencia de prensa francamente desafortunada.
En un tono desabrido y por momentos incluso agresivo, Fernández profirió duras palabras y, en línea con la estrategia que otros miembros del Gobierno y destacados líderes del PP vienen manteniendo, señaló que al Ejecutivo no le quedaba otro remedio que conceder el tercer grado al asesino de tres guardias civiles y torturador de Ortega Lara.
El argumento es cuando menos falaz. Como ya se ha comentado hasta la saciedad, la ley permite pero no impone la excarcelación: "Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables (...) podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal", dice el punto 4 del artículo 104 del Reglamento Penitenciario.
No habría, por tanto, prevaricación alguna si se decidiera mantener a Bolinaga en prisión. Fernández Díaz tiene derecho a sentirse ofendido con los que dudan de su política antiterrorista, pero no verdaderas razones que sustenten esa indignación. En cambio, quienes sí tienen derecho a sentirse engañadas, indignadas, traicionadas y, en suma, ofendidas son unas víctimas que ven cómo, sin moverse un milímetro de sus posiciones, el PP está cada vez más lejos de ellas.
Tan común es este sentimiento, que la AVT y Voces contra el Terrorismo han anunciado movilizaciones, y varias víctimas se han mostrado dispuestas a declararse en huelga de hambre si el criminal Bolinaga sale de la cárcel.
No serán éstas movilizaciones unitarias, como a todos nos gustaría, pero sí reflejarán una inquietud que es la de la inmensa mayoría de las víctimas... y la de una parte importante de la sociedad: el convencimiento de que, por un pacto explícito o por inextricables e inexplicadas razones sobrevenidas, el PP está siguiendo con relación a ETA la misma política que Zapatero y Rubalcaba.
El ministro puede enfadarse, sentirse ofendido o incluso hacer afirmaciones tan lamentables y peligrosas como ésta: "Quienes dudan del Gobierno están beneficiando la estrategia de ETA"; pero, viendo a los asesinos celebrar sus éxitos y salir de las cárceles, y a los partidos que los representan presentarse sin problemas a las elecciones, lo normal es pensar que son esas decisiones lo que favorece la estrategia de los terroristas y sus terminales políticos.
Efectivamente, hay razones para la indignación, pero no las tiene el ministro Fernández, sino aquellos que han visto cómo entregaban parte de sus vidas o perdían a un ser querido en una guerra que ahora el Gobierno parece dar por perdida, así como todos los que creemos que el Estado debe aplicar la ley, sí, pero no para favorecer a asesinos y secuestradores, sino para cercarlos e impedir que alcancen sus objetivos.