Fue un presidente de Gobierno, aun de tan amargo recuerdo como Mariano Rajoy Brey, quien, sin embargo, proclamara una de las aseveraciones más lúcidas y tristemente acertadas que se han escuchado en la historia de nuestra democracia: "En política todo absurdo es posible". Aun cuando el entonces presidente del Gobierno lo dijera para subrayar la, ciertamente, absurda pretensión de los secesionistas catalanes de saltarse la ley y, al mismo tiempo, que no se judicializara su política, el propio Rajoy sería también lamentable ejemplo de otro absurdo como fue mantener, pese a su holgada mayoría absoluta, el uso de traductores de lenguas regionales en el Senado. Y eso, a pesar de que Rajoy había rechazado su instauración cuando lideraba la oposición al Gobierno de Zapatero sobre la base de que "esto en un país normal no ocurre".
Pues bien. Pedro Sánchez parece dispuesto a ser el más claro ejemplo de que, en política, y con tal de tratar de contentar a los separatistas y, en su caso, conservar la poltrona, no ya "todo absurdo es posible" sino que toda ilegalidad también lo es. Y es que junto a la clamorosa inconstitucionalidad que constituye la amnistía de los golpistas o la celebración de un nuevo referéndum secesionista en Cataluña, Sánchez parece dispuesto a otorgar a los nacionalistas —no como contraprestación a su apoyo, sino a fondo perdido— algo todavía más absurdo como el uso de pinganillos también en el Congreso para que los diputados españoles no tengan que debatir en español, única lengua que todos ellos, como el resto de los españoles, conocen.
Así la mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, ha calificado este miércoles de manera favorable la propuesta de modificación del Reglamento de la Cámara Baja para que los diputados puedan, antes de que se celebre la fallida investidura de Feijóo, usar el vasco, el catalán o el gallego en el Congreso, para lo que tendrán, por el momento, que pedir prestados los traductores al Senado.
No menos esperpéntico y absurdo resulta contemplar, no ya a la portavoz de este Gobierno, Isabel Rodríguez, sino al propio golpista Oriol Junqueras calificar, precisamente, de "golpista" a Jose Maria Aznar por llamar a la movilización cívica contra ese atentado contra nuestra democracia y contra nuestro Estado de derecho que constituiría la amnistía de los golpistas.
Así las cosas, ya podría el bueno de Josep Tarradellas decir aquello de que "en política se puede hacer todo, menos el ridículo", que Sánchez ha demostrado que, con tal de perpetuarse en la poltrona, ni la ley ni la ética ni tampoco el sentido del ridículo constituyen límite alguno.
Ante este panorama, el único consuelo ha sido ver a Alberto Nuñez Feijóo retomar el pulso frente a la demolición de nuestro Estado de Derecho que se nos viene encima y convocar una gran manifestación en Madrid contra la amnistía el 24 de septiembre. Feijóo debe enmendar, no ya los errores cometidos durante la campaña, sino también su posterior decisión de dejar a Vox fuera de la Mesa del Congreso o aquella de barajar la posibilidad —felizmente desechada— de negociar su investidura con el partido de Puigdemont. Feijóo debe ser consiente, no sólo de donde están sus adversarios sino también sus socios naturales. Si el entendimiento entre PP y Vox era esencial para aupar a Feijóo a la presidencia, más necesario va a serlo para hacer frente a la ilegal e ilegitima forma con la que Sánchez, a pesar de haber perdido las elecciones, pretende mantenerse en el poder. Y ese liderazgo y ese nervio combativo lo debe encarnar, no Aznar ni Abascal ni Ayuso, sino Alberto Nuñez Feijóo. Y es que, a la postre, lo único que no soporta la política es el vacío.