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En legítima defensa

Hasta hace tres años, la violencia en Cataluña era imposible. Nadie debe excluir ya esa opción.

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Ya que las leyes y los hechos son ignorados en Cataluña como instrumentos de comprensión de la realidad, sólo podemos acercarnos a este delirio colectivo a través de recursos psicoanalíticos.

El presidente Mas presenta el proceso a la independencia como un medio pacífico, pero sus actos fallidos y el inconsciente colectivo que plasma en toda su propaganda nos dicen lo que realmente impulsa sus fines: la violencia. Eso sí, camuflada bajo un lenguaje exquisitamente democrático.

Reparen, "vengo en son de paz", expresó ante la recepción del rey Felipe VI. Uno sólo se acerca en son de paz al otro porque está en guerra o podría llegar a estarlo. Y no lo duden, aunque se hayan dejado las camisas pardas en el armario, viven del conflicto latente que alimentan cada día con propaganda y acciones. Escupitajos como "Espanya ens roba" o "l’espoli fiscal" están inspirados en el odio y buscan inocularlo en la manada para manejarla una vez violentada contra quienes roban y expolian. Todo muy simbólico, un a priori necesario para legitimar inmediatamente acciones reales, como el desacato a las sentencias judiciales, o la puesta en marcha de estructuras de Estado, como la exclusión de la lengua española de la escuela, o la eliminación de la bandera española de su territorio, como el veto a grupos de teatro, autores, actrices, cantantes, desafectos al régimen o que hagan su obra en lengua impropia (la fiesta de los toros fue el más sonado, pero no el peor), la eliminación de la historia común, o su ocultación mediante la manipulación del lenguaje...

No fue la primera vez, ni será la última. Lo acabamos de ver con el recurso a la "legítima defensa" para justificar la convocatoria de las elecciones plebiscitarias del 27-S.

Con su recurso a la legítima defensa, Artur Mas admite implícitamente dos hechos nada pacíficos recogidos en el Código Penal: que existe un agresor del que de ningún otro modo se puede defender (el Estado) y que la respuesta le lleva a cometer un delito a su pesar, de cuya responsabilidad penal, eso sí, le eximirá el derecho a la legítima defensa. Independientemente de que el Código Penal no contempla el derecho a la legítima defensa de bienes jurídicos colectivos, Artur Mas está anclado en una persecución paranoica por parte del Estado, que le lleva a justificar inconscientemente cualquier acción que le conduzca a conseguir la liberación de su pueblo. Incluido el golpe de Estado institucional.

Cualquiera que viva en Cataluña y asista al berreo mediático a favor del proceso descubrirá con horror que este tipo de llamamientos implícitos a la violencia son el lenguaje cotidiano de medios y políticos. Tan poco contestados que se han interiorizado como normales. El problema de verdad no está en ellos como actividad de propaganda sino en su capacidad para empapar la epidermis del rebaño que no entenderá ni aceptará un resultado adverso o una intervención legal del Estado.

El mal de Mas o Junqueras, TV3 o las monjas laicas de Montserrat es que la frustración no prevé antídoto alguno, ni tendrán, muy probablemente, control. Durante años, Pujol se mantuvo firme contra el terrorismo. Sin esa actitud en contra, Terra Lliure probablemente no hubiera desaparecido. Seguramente no por convicción, sino por conveniencia. La piel de cordero, la pose de víctima y el chantaje moral fueron su opción para conseguir con mayor eficacia los mismos fines secesionistas que el mundo abertzale. A la vista está su obra. Pero a la vez, él fue quien más hizo por educar a la sociedad catalana en el chantaje y la violencia implícita. "El castellano en Cataluña es fruto de una violencia antigua", dejó ir en los años noventa, como aquel que no quiere la cosa, cuando más arreciaba la resistencia contra la inmersión en Cataluña.

Hasta hace tres años, la violencia en Cataluña era imposible. Nadie debe excluir ya esa opción. Los cachorros de la estelada no tienen la culpa de haber sido educados en el odio, por mucho que lo hayan envuelto en el derecho a decidir y la democracia para evitar su hedor.

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