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Dos ministros en la picota

La presunta agresión a José Bono durante la manifestación de la AVT del 22 de enero se complica, pero para el ministro. Carlos Valle, el juez que instruye el caso, ha declarado que "no había dato alguno para poder atribuir hecho delictivo a Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz" y que el inspector jefe fue obligado a detenerles por el jefe de sección "o ambos iban a tener problemas". Por de pronto, el magistrado ha acusado al jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid y a dos agentes a su cargo de "detención ilegal" y "falsedad en documento público". Motivos suficientes para plantearse seriamente que Bono mintió y que Alonso es responsable de una detención arbitraria. Uno porque aseguró que había sido agredido, y el otro porque permitió a su delegado en Madrid actuar de un modo vergonzoso contra dos simples ciudadanos cuyo único “delito” era ser militantes del PP, partido que, por cierto, es el que mayor número de afiliados tiene en toda España.
 
Si queda finalmente demostrado que no hubo agresión y que los agentes actuaron obedeciendo oscuros intereses políticos, a Bono y a Alonso no les quedaría más remedio que dimitir si lo que quieren es salir airosos del trance. Eso sería lo normal, aunque, conociendo la catadura moral de este Gobierno, sospechamos que de dimitir nada.

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