El nuevo Gobierno no ha esperado siquiera a desembalar los portarretratos familiares en los despachos ministeriales, para ajustar cuentas con Jesús Cardenal. El trámite para su destitución como Fiscal General del Estado ha sido activado en el primer día de mandato del Consejo de Ministros, antes incluso de proponer formalmente a su sucesor. Por si faltaba algún ingrediente de odio y sectarismo, la propuesta de Cándido Conde-Pumpido se ha dado a conocer a través del diario gubernamental, que, en su edición digital, se convirtió este martes, una vez más –habrá que irse acostumbrando–, en el oficioso Boletín Oficial del Estado. El "nuevo talante" pregonado por Rodríguez Zapatero empieza demasiado pronto a mostrar los "viejos espantos" del ejercicio del poder por el PSOE. El relevo de Cardenal no les parece suficiente. Necesitan humillarlo con una destitución fulminante, anterior a cualquier deliberación sobre la identidad de su sucesor. Cuando el PP llegó al Gobierno en 1996, esperó cerca de medio año antes de sustituir a Carlos Granados. Zapatero no ha esperado ni un día para darle gusto al desprecio por las formas, a las que tanto dice respetar. El nombramiento de Conde-Pumpido no mejora la tenebrosa purga de Cardenal. Prometieron un candidato "de perfil técnico" y han colocado a uno de los magistrados de la controvertida sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en concreto, el mismo magistrado que se negó, en dos ocasiones, a que Felipe González declarase en el proceso contra los escuadrones de la muerte del GAL. Presentan como una prueba de su independencia el hecho de que votase a favor de condenar a Vera y Barrionuevo por el secuestro y tortura de Segundo Marey. ¡Sólo faltaba que, ante las clamorosas evidencias de la implicación directa de ambos, hubiese votado en contra! Cómo estará la Justicia, que limitarse a aplicar la Ley se convierte en toda una heroicidad para algunos.