No es un secreto que el Gobierno lleva tiempo planteándose una reforma del mercado de trabajo. El Ejecutivo se está planteando generalizar los 33 días de indemnización por año trabajado. Uno de los lastres del franquismo que España no ha sabido soltar es un mercado de trabajo rígido e ineficaz, algo que el propio Solbes no puede sino reconocer.

Resulta difícil no mirar con escepticismo la capacidad del Gobierno de rebajar los costes del despido. Un despido caro puede verse como una barrera a la salida de la empresa. Pero sobre todo funciona como una barrera a la entrada al mercado laboral, ya que los empresarios, cuando se enfrentan a la decisión de contratar o no hacerlo, tienen en cuenta todos los costes que pudieran tener que afrontar. Pero la demagogia a la que la izquierda nos tiene permanentemente sometidos no es capaz de reconocer ni este sencillo razonamiento.

Pero como no hay reto demagógico que se le resista al ministro Caldera, ya se está preparando el terreno diciendo que la rebaja de la indemnización amplía los derechos de los parados a encontrar empleo. Un revestimiento demagógico del reconocimiento de que una mayor regulación no protege a los empleados y perjudica a quienes no lo están. ¿Porqué no decirlo francamente?