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EDITORIAL

Cataluña sigue pareciendo una república bananera

Está visto que la ridícula aplicación del artículo 155 está pesando más al Gobierno que a las formaciones golpistas.

La delirante pretensión de que el también golpista Jordi Sánchez releve a Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad parecía, hasta la fecha, prueba insuperable de hasta qué punto las formaciones separatistas catalanas siguen empecinadas, sin disimulo alguno, en proseguir el ilegal proceso secesionista iniciado por Artur Mas en 2012. Sin embargo, su todavía más disparatada ocurrencia de anunciar una querella por prevaricación contra el juez Llarena demuestra que no hay en Cataluña límite para el deterioro.

Era evidente que el juez no podía ni puede permitir que ninguno de los golpistas procesados –incluido el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez– salga de la cárcel para presentarse en el Parlamento regional y asumir el cargo de presidente de la Generalidad, cargo desde donde se lideró la sedición. Asumir por parte del juez tamaño riesgo de reiteración delictiva es lo que hubiera supuesto una prevaricación o, cuanto menos, incurrir en una temeraria imprudencia y flagrante contradicción con todas las medidas cautelares que ha ido tomando.

El hecho de que JxCat y Esquerra utilicen el acuse de recibo de Naciones Unidas a un escrito de la defensa de Sánchez como si se tratara de una resolución favorable a la posibilidad de investir al golpista no prueba la prevaricación del Llarena sino la inconmensurable desfachatez de las formaciones secesionistas.

Con todo, está visto que la ridícula aplicación del artículo 155 está pesando más al Gobierno de la Nación que a los golpistas. El disparate de no esperar siquiera a la celebración del juicio por el golpe para convocar las elecciones autonómicas está obligando a tomar medidas cautelares que hubieran resultado innecesarias. Lo peor es que está provocando que el desorden y el desconcierto campen por sus respetos en Cataluña.

Así las cosas, los separatistas tienen hasta el 22 de mayo para proponer un candidato a la presidencia de la Generalidad sin causas pendientes con la Justicia. Tanto si lo hacen como si fuerzan nuevas elecciones autónomicas, el golpe de Estado proseguirá después de esa fecha, hasta que haya un Gobierno en España decidido a que Cataluña deje de perecer una república bananera.

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