Bien está que Pablo Casado salga a la palestra para criticar la liberticida Ley de Educación de la ministra Celáa y para defender la libertad de elección de centro de los padres. No menos loable es que el líder del PP haya salido en defensa de la enseñanza "en castellano" en algunas asignaturas y de la "reforma de la alta inspección educativa para potenciar las competencias sancionadoras contra el adoctrinamiento", si bien hubiera estado mejor que aclarase si el PP es partidario de una inmersión bilingüe o trilingüe (como la que se impone en Galicia, Comunidad Valenciana o el País Vasco) o, por el contrario, de la plena libertad de elección de lengua vehicular por parte de los padres en aquellas comunidades en las que el castellano no sea la única lengua oficial.
No menos derecho tienen los españoles –empezando por los votantes del PP– a saber si el líder popular es partidario o no del llamado PIN parental en toda España, para que los padres puedan luchar directamente contra lo que consideren adoctrinamiento de sus hijos en los talleres y charlas extracurriculares que tan frecuentemente se dan en las escuelas. Eso, por no hablar del deber que tiene Casado de saber lo que opinan sus propios votantes al respecto, con independencia de lo poco que les pueda gustar a los partidos y medios de comunicación de izquierdas.
Pero más criticable que la falta de claridad de Casado en estos temas es el absoluto silencio que mantiene ante noticias tan sorprendentes como la de que el PP va asistir, aun con manifiesto propio, al aquelarre feminista radical que se celebrará este domingo en Madrid, lo que no hace más que recordar a muchos de sus votantes y exvotantes la ominosa complicidad del PP de Mariano Rajoy en el mayor atentado a la igualdad ante la ley que se haya perpetrado desde la aprobación de la Constitución: la Ley contra la Violencia de Género.
Con todo, mención aparte merece el clamoroso silencio el líder del PP ante el infame linchamiento que está sufriendo la portavoz de su partido, Cayetana Álvarez de Toledo, por haberse atrevido a criticar públicamente el sectarismo de La Sexta, cadena de televisión que, además de ofender a diario al propio PP y a sus votantes, se dedica a blanquear el comunismo podemita y el golpismo separatista.
El hecho de que ningún representante del PP haya salido siquiera a defender la libertad de expresión de su portavoz resulta un auténtico bochorno cuya guinda es el silencio de Casado. ¿Es de recibo que la única defensa que ha tenido Álvarez de Toledo en su crítica a la "dictadura progre" de La Sexta haya sido la del presidente de Vox, Santiago Abascal?
Ya resulta lamentable aquella vieja pretensión de los periodistas de no ser criticados por otros periodistas bajo la excusa de que "perro no come carne de perro"; pero el colmo es que los medios de comunicación, que dicen defender la libertad de expresión, no puedan ser criticados por cualquier ciudadano, incluidos los políticos que representan a millones de electores y que no tienen obligación alguna de guardar silencio ante los ataques de que son objeto.
Así las cosas, volvemos a concluir de la misma forma con que lo hicimos en el editorial de ayer: luego se quejarán en Génova de que los votantes se les vayan a la formación comandada por Abascal...