Bien está que la Audiencia Nacional haya "imputado" por un delito de sedición al mayor y a la intendente de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero y Teresa Laplana, así como a los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez: Más que meros "indicios", hay clamorosas pruebas de que la cúpula de la Policía autonómica catalana ha sido en todo momento más fiel a los cabecillas del golpe (el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y SU consejero de Interior, Joaquim Forn) que a las expresas órdenes que habían recibido de la Fiscalía destinadas a impedir la ilegal votación del pasado domingo. Otro tanto se podría decir de las plataformas secesionistas mencionadas, que, nutriéndose de dinero público, claramente sirvieron de correa de transmisión del sedicioso llamamiento de Puigdemont a tomar las calles el pasado 20 de septiembre, en protesta por las detenciones de unos altos cargos de la Administración golpista llevadas a cabo por la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona.
Lo que resulta escandaloso –hasta el punto de convertir estas loables imputaciones en un clamoroso acto de hipocresía– es la impunidad de los cabecillas del golpe, que a día de hoy no están sentados en ningún banquillo sino en las poltronas del Gobierno regional catalán, desde donde preparan y nos anuncian nuevos delitos de sedición y rebelión.
Rajoy podrá incurrir en la irresponsabilidad y en la bajeza moral y política de seguir ignorando lo que ha denunciado el Rey, así como lo que dice el artículo 155 de la Constitución. Podrá dejar una "puerta abierta" a la negociación con los separatistas, tal y como aún proclamó en su bochornosa declaración del 1 de octubre. Lo que no puede ignorar nadie ni nada –incluido el muy politizado sistema de administración de justicia– es lo que dice el Código Penal. Y es que "derogar, suspender o modificar, total o parcialmente, la Constitución", tal y como ya han hecho los autoridades golpistas de Cataluña, es un delito de rebelión, tipificado como tal en el articulo 472.1 del CP.
Eso, por no hablar del no menos consumado delito de sedición (artículo 544 del CP) de quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad". El artículo 545 especifica que "si fueran personas constituidas en autoridad" las que "hubiesen, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años". ¿Es de recibo que se impute por sedición a Jordi Cuixart y no a Carles Puigdemont?
Resulta inexplicable que, a día de hoy, la única imputación por un delito castigado con pena de cárcel contra los cabecillas del golpe sea la denuncia por malversación que la Fiscalía dirigió contra los miembros del Gobierno de Puigdemont con ocasión de la convocatoria del 1-O; malversación, por cierto, que Montoro en su día aseguró que no se había producido. Pero ¿qué hay del sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre, por el que se quiere juzgar a Cuixart y a Sánchez? ¿Qué hay de la propia celebración del 1 de octubre?
Algunos excusan al presidente del Gobierno alegando que está esperando para sofocar el golpe a que los golpistas perpetren otro delito de sedición –este reflejado en el artículo 472.5–, el de "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Sin embargo, ser consciente de que un delincuente va a cometer nuevos delitos, lejos de justificar la demora de su detención y juicio, lo hace todavía más inadmisible. El tan manido "cargarse de razones para tener razón" con que algunos han querido justificar la inagotable pasividad de Rajoy, además de ser una temeraria estrategia política que puede llevar al enfrentamiento civil, compromete al Estado de Derecho y a una Administración de Justicia que no puede seguir cerrando los ojos ante quienes son los máximos responsables de lo que está ocurriendo.
Pero, en esas seguimos, teniendo que ver cómo un cómplice de los golpistas, Pablo Iglesias, se ofrece de "mediador", o cómo el molt honorable cabecilla del golpe sigue impunemente, y a través de medios de comunicación públicos, justificando y anunciando su "amable y cordial" determinación de acabar con la nación española y con su Estado de Derecho.