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EDITORIAL

Mucho ruido y poca reforma

El ajuste que propone el Gobierno es, simple y llanamente, ridículo. El Gobierno ha perdido una nueva oportunidad, y ya van unas cuantas.

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El Consejo de Ministros aprobó este viernes el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), un trabajo "titánico" -en palaras de Soraya Sáenz de Santamaría- de casi 2.000 folios, que incluye más de 200 medidas para tratar de abaratar y mejorar el funcionamiento de la Administración. A primera vista, se trata de una medida positiva en múltiples aspectos, ya que nace con la intención de reducir organismos innecesarios, eliminar trámites burocráticos y, en general, simplificar el sudoku casi irresoluble que conforma la normativa española. Sin embargo, el Gobierno, una vez más, no sólo se queda corto en el alcance real de la reforma sino que, además, yerra por completo el tiro a la hora se solventar uno de los principales problemas que sufre el país: el excesivo e insostenible tamaño del sector público.

Lo primero que llama la atención es el ahorro que, según el Gobierno, conllevará el adelgazamiento del sector público. En total, 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015. Se trata, sin duda, de una cifra apreciable, si no fuera porque se trata de un ahorro irreal, puramente ficticio. No en vano esa cifra incluye no sólo la reestructuración estatal que propone el informe, sino la reducción de empleados públicos acometida en 2012 y el efecto presupuestario que conllevará las tantas veces anunciada –pero no aprobada– reforma de la Administración Local. En realidad, las medidas que recomienda la CORA tan sólo supondrían un recorte del gasto de 6.500 millones de euros entre 2012 y 2015, y eso en caso de que se cumplieran todas y cada una de ellas, algo harto difícil si se tiene en cuenta que unas 120 medidas dependerán exclusivamente de la buena voluntad de las comunidades autónomas. Dicho de otro modo, la famosa auditoría de la Administración tan sólo ahorraría al contribuyente unos 1.625 millones de euros al año, como máximo. Una broma en comparación con los casi 500.000 millones de euros que gastó en total el conjunto del sector público en 2012.

Además, casi la mitad de los 37.700 millones anunciados por Soraya es, simplemente, un artificio contable, ya que el Gobierno calcula que la eliminación de trámites y burocracia ahorrará un total de 16.300 millones de euros a familias y empresas en "costes de oportunidad". Es decir, esta última cifra no es recorte de gasto público sino dinero que, supuestamente, se ahorrará el sector privado gracias a la mejora de la eficiencia administrativa. Así pues, la esperada e imprescindible reordenación de la estructura estatal se resume en una reducción de apenas 6.500 millones en cuatro años.

Si España gozara de unas cuentas públicas equilibradas y de una Administración pequeña, austera y útil, acorde con la situación económica del país, el citado ajuste sería más que loable. Sin embargo, ésa no es, por desgracia, la situación real. Los contribuyentes soportan un sector público totalmente sobredimensionado que, tras un lustro de profunda crisis, sigue gastando casi un 30% más de lo que ingresa por vía fiscal, en el que el despilfarro sigue siendo la norma y no la excepción y en donde los excesos y duplicidades de las comunidades autónomas hacen que el sistema sea insostenible financieramente, se mire por donde se mire.

Por todo ello, el ajuste que propone el Gobierno es, simple y llanamente, ridículo. El Ejecutivo ha perdido una nueva oportunidad, y ya van unas cuantas, para atacar la raíz de los problemas estructurales que sufre España. De hecho, con su propuesta acaba de demostrar que no tiene ninguna intención de hacerlo, ya que considera que el sector público ha culminado su particular ajuste y, por tanto, tan sólo queda pulir meros detalles, como la eliminación o "fusión" de determinados entes menores. Se trata de un grave error que pasará factura. El déficit público ronda el 7% del PIB –sin contar ayudas financieras– y la deuda roza ya el 90%, un nivel muy peligroso, pero el Gobierno insiste en que este desequilibrio se debe a la falta de ingresos fiscales y no al exceso de gastos.

Modernizar y mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas, único objetivo del informe de la CORA, está muy bien, sin duda, pero no es, ni de lejos, lo que necesita España para salir adelante. Urge reducir el tamaño del Estado, pero el Gobierno parece que ha renunciado por completo a ello.

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