La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo había revocado la sentencia inicial por estimar que se había vulnerado el derecho del etarra a un juez imparcial, pero el TS considera que un defecto de forma no puede ser causa de impunidad, por lo que el aliado de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias volverá a la Audiencia Nacional para responder por un delito de pertenencia a organización terrorista.
La decisión del TS no tiene relevancia penal, puesto que Otegi ya cumplió la pena de prisión que se le impuso en el juicio originario, y cuando se produjo la revocación tan solo le quedaba por cumplir su inhabilitación hasta febrero del año que viene. Ahora bien, otra cosa, muy distinta, son las consecuencias políticas de la decisión del Alto Tribunal, que lleva nuevamente al banquillo de los acusados por delitos de terrorismo a un aliado preferencial del Gobierno social-comunista.
El ministro y número dos del PSOE José Luis Ábalos ya ha mostrado que la posición de Sánchez es seguir apoyándose en Bildu a pesar de que su principal dirigente esté siendo juzgado por pertenencia a banda terrorista, cuestión que el compañero de andanzas aeroportuarias de Delcy Rodríguez considera de índole estrictamente personal.
Para Ábalos y su jefe, la organización liderada por el etarra Otegi tiene que ser normalizada democráticamente mientras que Vox, el partido de Ortega Lara, ha de ser desterrado del juego normal de las instituciones. Esta es la catadura moral del Gobierno socialista, capaz de las mayores vilezas para mantener a Sánchez en la Moncloa y a Iglesias y su banda en el Consejo de Ministros.
Los socialistas siguen hundiéndose en el fango de su descrédito, convertidos en felpudos de organizaciones responsables del asesinato de casi mil españoles, pero lo que toca ahora, como acertadamente ha señalado el PP, es vigilar muy estrechamente las posibles maniobras de la fiscal general del Estado, la exministra sanchista Dolores Delgado, en su más que probable intento de favorecer en este nuevo juicio a Otegi en agradecimiento por los votos proetarras a los Presupuestos Generales del Estado.