Si la insensata renuencia de la clase política a suspender la autonomía catalana hizo posible que los golpistas llegaran a perpetrar los gravísimos delitos que con tanta antelación y descaro anunciaron mucho antes del 1 de octubre y mucho antes del 9 de noviembre de 2014, la no menos timorata e irresponsable aplicación del artículo 155 de la Constitución llevada a cabo por el Gobierno ya una vez perpetrados los delitos, y destinada únicamente a celebrar enseguida unos nuevos comicios autonómicos, puede abocar no sólo a una victoria electoral de los separatistas sin que el ordenamiento constitucional haya sido restablecido en Cataluña, también a entorpecer sobremanera el enjuiciamiento de los acusados desde un punto de vista estrictamente procesal. Eso, por no hablar del espectáculo de ver a los golpistas encausados presentarse a las elecciones.
Si el cese de cargo y aforamiento en aplicación del 155 hubiera alcanzado a todos los encausados; y si Rajoy –con el apoyo de Sánchez y Rivera– no se hubiera empeñado en que las elecciones y el restablecimiento de la autonomía se produjeran antes del juicio por el golpe liderado por Puigdemont, se habría podido concentrar la causa en la Audiencia Nacional y se habría evitado el espectáculo de ver a los acusados concurrir a las elecciones, cosa que –en principio– podrán hacer tanto si continúan el 21-D en prisión preventiva como si para entonces ya se ha levantado esa excepcional medida cautelar.
El hecho es que sólo Puigdemont y los miembros de su Gobierno han perdido su condición de aforados –no así Forcadell y el resto de los acusados, que siguen gozando de esa condición en tanto que miembros de la Comisión Permanente del Parlamento regional–, por lo que una misma causa se mantendrá, aunque sólo por un tiempo, dispersa en distintos tribunales: Audiencia Nacional, TSJC y Tribunal Supremo.
Es cierto que la Fiscalía ha pedido prisión incondicional para Forcadell y el resto de encausados en el Supremo, a pesar de que la otrora desafiante presidenta golpista del Parlamento catalán haya abjurado públicamente del procés con unas declaraciones que han debido de llenar de vergüenza a sus correligionarios pero que le han permitido acceder a la prisión eludible bajo fianza.
Es cierto que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado el ingreso en prisión de Junqueras y de los restantes miembros del Gobierno golpista. Con todo, y aun cuando esa prisión preventiva se mantuviera indefinidamente, sería necesario una medida cautelar muy especial como la de inhabilitar preventivamente a los acusados para evitar que estos pudieran concurrir y ser elegidos el 21-D, hecho este último que les devolvería, además, su condición de aforados y que haría inevitable que el TS se hiciera por entero cargo de la causa.
Ya es bochornoso que el riesgo de reincidencia en el delito de los acusados –circunstancia clave a la hora de valorar su prisión preventiva– casi sólo exista por el empecinamiento de celebrar elecciones tan prematuras como las que podrían llevar a los golpistas nuevamente a la poltrona. Que hasta partidos como el PP y Ciudadanos no vean con malos ojos que Junqueras salga de prisión y pueda hacer campaña sólo es una bajeza añadida a las ya cometidas por una clase política que parece mucho más interesada en un proceso de paz con los golpistas que en verlos en prisión cumpliendo condena por sus delitos.
En cualquier caso, ha de exigirse que no se demore el juicio y que haya una sentencia justa que, a diferencia de la dictada con ocasión del 9-N, castigue los aún más graves delitos que desde entonces han perpetrado los separatistas.