El Gobierno no ha tardado ni 24 horas en reaccionar al órdago secesionista que supuso la Diada el pasado jueves. Pero, por desgracia, su respuesta, lejos de ser la correcta, persiste en el mismo error que, una y otra vez, vienen cometiendo PP y PSOE desde hace décadas con los nacionalistas, y que no es otro que intentar acallar con dinero sus incombustibles ansias separatistas, en lugar de cumplir y hacer cumplir la ley, tal y como exige el Estado de Derecho con arreglo a la Constitución.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un nuevo paquete de medidas financieras para premiar a las comunidades autónomas más despilfarradoras e irresponsables, con Cataluña a la cabeza, mediante el aplazamiento de pagos y la reducción de intereses correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En concreto, su aplicación supondrá un ahorro de casi 2.000 millones de euros para la Generalidad hasta finales de 2015, lo que aliviará sus deterioradas cuentas públicas, pese a que no ha cumplido ni un solo año los objetivos de déficit marcados por Hacienda.
Es cierto que dicho balón de oxígeno fue pactado con anterioridad, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado julio, pero ha sido justo ahora, un día después de la masiva manifestación nacionalista, cuando, casualmente, el Gobierno ha decidido dar luz verde a su aprobación, introduciendo por sorpresa una serie de disposiciones en un decreto ley que nada tiene que ver con la financiación autonómica. El guiño a Artur Mas y sus socios de Gobierno es, pues, evidente.
Sin embargo, la estrategia seguida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no por repetitiva va arrojar resultados diferentes a los cosechados hasta el momento por sus predecesores en La Moncloa. Más bien al contrario. El fracaso está asegurado de antemano. Doblegarse al nacionalismo no ha funcionado ni funcionará nunca. PP y PSOE llevan largos años cediendo a las pretensiones de los partidos nacionalistas mediante la cesión de un creciente número de competencias y recursos públicos, sin que aquellos hayan cejado un ápice en sus aspiraciones secesionistas.
De hecho, la debilidad mostrada por los distintos Gobiernos tan sólo ha servido para alimentar y fortalecer las ansias separatistas de catalanes y vascos. No en vano unos y otros han comprobado de forma fehaciente cómo sus constantes amenazas y desafíos no sólo no se han traducido en el lógico castigo político que cabría esperar por parte del Estado, sino que, muy al contrario, han resultado ampliamente recompensados con más dinero y poder. Y eso sin contar que este tipo de premios suponen una intolerable discriminación hacia el resto de comunidades autónomas y, por tanto, un quebranto del principio esencial de la igualdad ante la ley de todos los españoles, ya que el Gobierno beneficia a unos –a quienes amenazan con incumplir la ley y siguen despilfarrando dinero– a costa de los demás.
Es evidente que Rajoy no ha aprendido nada de los errores del pasado, al insistir en "negociar" con quien es imposible alcanzar un acuerdo dentro del marco constitucional. El PP tiene todas las herramientas legales y financieras a su disposición para afrontar el embate secesionista con la ley en una mano y la legitimidad democrática en la otra, pero parece que se decanta por la tradicional receta de regar con más dinero a los nacionalistas con el fin de contentarles temporalmente. El problema para Rajoy es que igual en esta ocasión ni siquiera así lo consigue.