El nuevo ministro de Educación se enfrenta al boicot que las comunidades autónomas no gobernadas por el PP plantean a la Ley Wert. Básicamente, lo que hacen es proponer su paralización con el argumento de que, tras las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo y dada la derrota del PP en la mayoría de las regiones, esa ley, aprobada por las Cortes con el voto exclusivo del PP, ha perdido legitimidad. En palabras de Adelaida de la Calle, consejera de Educación de la Junta de Andalucía, "hoy somos muchas más las comunidades que compartimos el rechazo a la Lomce".
Con independencia de las bondades de la ley y del error que pueda suponer regular algo tan importante como la educación sin consenso, un error que, por cierto, también ha cometido el PSOE, la cuestión es que la Constitución otorga al Gobierno de España y a las dos cámaras legislativas nacionales la competencia "exclusiva" de aprobar la legislación básica en materia de educación. Y a las comunidades autónomas lo que les compete es aplicarla. Tenemos más o menos asumido que, al hacerlo, cada comunidad hará de su capa un sayo y lo hará como Dios le dé a entender, produciendo el efecto que precisamente la Constitución trata de evitar, esto es, que los españoles recibamos una educación diferente según dónde residamos. También tenemos asumido que algunas de esas diferencias afectarán inevitablemente a la calidad. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es defender que, por el hecho de tener encomendada la gestión de esa competencia, las comunidades autónomas puedan imponer al Gobierno y a las cámaras legislativas nacionales reformas de la legislación básica en el sentido que ellas crean conveniente. Al hacerlo asumen una competencia que constitucionalmente no tienen en base a la legitimidad que supuestamente les otorga haber ganado unas elecciones en su región, desdeñando lo que en su momento votamos todos los españoles.
Naturalmente, todo esto es consecuencia del incumplimiento sistemático en Cataluña de las leyes y sentencias en materia educativa, a vista, ciencia y paciencia de quien en cada momento ha gobernado España. Si en Cataluña no se aplica la legislación española, ¿por qué habría de hacerse en el resto de España? Si unos desobedecen impunemente porque son independentistas, ¿por qué no pueden desobedecer otros por estar simplemente en desacuerdo con la ley?
Teniendo en cuenta que quien encabeza la revuelta contra la ley del PP son las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, muy especialmente Andalucía, cabe preguntarse para qué quiere Pedro Sánchez reformar la Constitución, si lo que quieren los dirigentes de su partido es no estar sometidos a ella. No quieren una Constitución, reformada o no; quieren que quien gane las elecciones en su pueblo pueda hacer lo que le venga en gana.
Lo que necesita España no es reformar la Constitución, sino cumplirla y hacerla cumplir, que es lo que todos los políticos que ocupan cargo han prometido hacer, empezando por los del Gobierno.