La figura del imputado, en nuestro Derecho, tiene una finalidad garantista. Se trata de evitar la posibilidad de que alguien que podría o no estar relacionado con un delito, al ser llamado como testigo, sin abogado y con la obligación legal de decir la verdad, se vea perjudicado inadvertidamente por sus propias declaraciones. Antes, la única forma de proteger a alguien que estuviera en esa situación era procesarle para que compareciera con abogado y la facultad legal de mentir, pero eso conllevaba consecuencias muy perjudiciales. La figura intermedia del imputado pretende otorgar al justiciable los beneficios del procesado sin sus perjuicios. Desde el punto de vista jurídico, por tanto, estar imputado no es demasiado grave. Desde el punto de vista político, sin embargo, lo es. Equivale prácticamente a haber sido procesado. De hecho, uno de los debates que nos absorbe es el de si un político imputado debiera o no dimitir, o si se le debería o no impedir que se presentara a unas elecciones.
En el caso de la infanta, la cuestión se agrava por existir la convicción de que ha sido imputada sólo cuando las pruebas han resultado abrumadoras; porque se cree que, de no serlo, no lo habría sido. La verdad es que las que hay contra ella están lejos de ser concluyentes. Pero, desde el punto de vista de la opinión pública, lo que más le ha perjudicado ha sido el haber seguido junto a su marido como si tal cosa una vez descubiertos los fraudes. La reacción que la ciudadanía esperaba de una infanta que descubre que su marido se aprovecha de formar parte de la Familia Real para obtener beneficios ilícitos era otra muy distinta. No sé si era procedente el divorcio ni si éste hubiera sido suficiente. Pero es evidente que el seguir al lado de este individuo sin más denota una connivencia que, aunque no tenga valor como indicio criminal, resulta letal desde el punto de vista de su imagen ante la opinión pública.
Cualquiera puede entender que, si la Monarquía ha de seguir siendo nuestra forma de Estado, el asunto ha de ser cortado de raíz. Y para hacerlo es necesario ante todo que la infanta renuncie, por ella y sus descendientes, a sus derechos sucesorios, por remotos que puedan parecer. Luego, lo ideal sería que ella y su marido confesaran todo lo que hubiera que confesar para que se pudiera celebrar un juicio pronto y recayera la condena que fuera. Una vez saldadas las cuentas con la Justicia, incluida la responsabilidad civil, abandonarían voluntariamente España, en beneficio del país y de la institución monárquica. A estas alturas, poco más se puede hacer. Naturalmente, no se les puede obligar a colaborar con este plan, pero la pretensión de ambos de defender ante los tribunales una inocencia que hoy ya no tiene defensa ante la opinión pública nos aboca a un larguísimo proceso que puede herir de muerte a la Monarquía y, por tanto, acentuar la grave crisis institucional que padecemos.