Resulta que hay un etarra, condenado por asesinato y secuestro, que está en libertad condicional porque se está muriendo. Luego resulta que no se muere. Es más, conforme pasa el tiempo se da uno cuenta de que el día que lo pusieron en libertad no estaba en absoluto muriéndose, como prueba de forma incontestable el hecho de que no se haya muerto. Ahora hay un juez que considera que hay indicios suficientes para interrogarlo por el asesinato de un guardia civil. Y, para no importunar la plácida vida que el desahuciado lleva en la bucólica villa de Mondragón, no sólo no lo detiene, sino que lo interroga por videoconferencia. Encima, terminado el interrogatorio, el juez confirma que hay indicios suficientes como para decretar su prisión provisional sin fianza. Tal medida sólo puede adoptarse por temor a que el acusado se sustraiga a la acción de la Justicia. La concurrencia de este riesgo es obvia por tratarse de un asesinato cometido por un terrorista. Pero en vez de meterlo en prisión el juez decreta su arresto domiciliario.
¿Tiene esto sentido? Ninguno. Si efectivamente hay riesgo de fuga, lo que habría que haber hecho con el angelito es meterlo de nuevo en la cárcel. Y si tal peligro no existe, lo procedente habría sido ponerlo en libertad con cargos. Pero decretar el arresto domiciliario de un asesino terrorista para prevenir su fuga, que es la única finalidad que tal arresto puede tener, es como encerrar a un tigre en una jaula de papel.
Una de las grandes habilidades de Rajoy está siendo la de conseguir que sean los jueces quienes le saquen las castañas del fuego y vayan mal que bien cumpliendo los compromisos que Zapatero adquirió con la banda terrorista. De esa forma evita que la ETA vuelva a las andadas a la vez que se ahorra el descrédito que implica el trato inequívocamente benévolo que ETA está sistemáticamente recibiendo durante su mandato. Fue el Tribunal Constitucional el que se cargó la ilegalización de Bildu. Luego el Gobierno, que es el único legitimado para en su caso hacerlo, se ha limitado a no instar ninguna ilegalización a pesar de ser todas las marcas de ETA perfectamente ilegalizables con la ley de Aznar en la mano. Fue el otro juez Castro quien excarceló a Bolinaga a ciencia y paciencia del ministro del Interior, que, como Pilatos, se lavó las manos tan a gusto. Fueron el Tribunal de Estrasburgo y Grande-Marlaska los que llevaron a cabo la excarcelación exprés de un montón de etarras mientras el Gobierno, pobrecito, se lamentaba de no poder hacer nada para evitarlo. Y ahora es un juez de la Audiencia Nacional quien, considerando a Bolinaga probable autor del asesinato del guardia civil Antonio Ramos, decreta que está suficientemente garantizado que no se sustraerá a la acción de la Justicia encerrándolo en su casa. Y Rajoy, como siempre: a mí que me registren.