El juicio a los golpistas independentistas catalanes discurre decididamente hacia la completa revelación de las verdades del barquero. Se va sabiendo lo que todos sabemos, pero muchos no quieren ver. El flagrante contraste entre las deposiciones de los políticos, rebosantes de "no sés" y "no me acuerdos", y los testimonios de los funcionarios, contando detalladamente lo que pasó, hace ya imposible ignorar los métodos facinerosos y facciosos, propios de hampones y camorristas, empleados por los separatistas. Secuestradas como fueron por el anterior Gobierno las imágenes de las agresiones a la Policía, nos quedan sin embargo los testimonios de quiénes lo vieron. La verdad saldrá pues finalmente a la luz gracias a los funcionarios. Y no deja de ser notable.
Tradicionalmente, los funcionarios obedecen, como es su obligación, a los políticos que los españoles ponemos al frente de nuestras instituciones. Lo hacen incluso cuando la legalidad de la orden es discutible. Su lealtad suele estar muy mal pagada pues, los políticos, en su infinita cobardía, echan a poco que puedan la culpa de su metedura de pata al funcionario que pasaba por allí. Y, la mayoría de las veces, los servidores públicos soportan estoicamente las injusticias que los políticos cometen contra ellos. Pero, con el golpe catalán de 2018, las cosas han cambiado. Fueron primero los jueces los que decidieron perseguir a los delincuentes a pesar de los muchos esfuerzos de Gobierno y oposición por quitarle importancia a lo ocurrido. Y ahora son los funcionarios que tienen que prestar testimonio los que en el juicio están protagonizando esta insólita y bendita insubordinación. ¿Tendrá algo que ver el discurso del 3 de octubre de su rey?
Este inesperado "relato" basado sorprendentemente en la verdad cuando todo lo que se nos contaba de Cataluña venía siempre envuelto en una piadosa mentira, ha cogido completamente por sorpresa a los encausados y a sus abogados. Acostumbrados como están a que sus groseros embustes pasen por verdades en un país hasta hace poco tan tolerante con sus caprichos, creían poder librarse de un modo u otro de la cárcel. De ahí, sus denodados esfuerzos por buscar un truco de mal leguleyo basado en el ordenamiento jurídico al que, sin embargo, no se consideran sometidos. Todo esto se ha venido a pique ante las abrumadoras pruebas que el juicio está acumulando. Gracias a los funcionarios, no a los políticos.
A los encausados, que desde el principio están tratando de hacer descarrilar el juicio a base de poner de relieve supuestas ilegalidades formales, les ha faltado el valor para, negarle legitimidad al tribunal que les juzga por no reconocerse españoles evitando asimismo defenderse. Esto habría convertido su condena en más probable, pero habría también hecho que su acusación de politización al juicio fuera más creíble. Una vez que su cobardía les ha empujado a defenderse con todas las armas que las leyes les permiten y la verdad de los delitos cometidos se revela, ya no tienen escapatoria, víctimas de su propia cobardía.