Alberto Núñez Feijóo repasó, al estilo "12 meses 12 causas", el calendario de oprobios socialistas, una versión documentada, o gallega, y seguro que todavía benévola del "¡márchese, señor González!". Sobran razones para echar a Pedro Sánchez pero urge hacerlo antes de que acabe con todo, que quiere y puede hacerlo.
Sólo en esta semana previa al enigmático agosto —parece un mes en el que no pasa nada pero se maquina casi todo— el presidente ha defendido de forma indiscutible dos hechos: el golpismo y la corrupción. Sin duda, dos valores históricos del centenario PSOE.
Una foto oficial lo dice todo, con su posado, sus banderas, las dos filas de protocolo y la sonrisa de cartón: el golpismo ya no se esconde porque que es oficial. Posa en La Moncloa, en el llamado Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Félix Bolaños tras acordar la violación de la Ley y la impunidad posterior. De hecho, ya no hay ley que incumplir porque el golpe institucionalizado es la nueva forma de gobierno y las leyes atañen o no según convengan, otro de los valores del centenario PSOE, como dijo, el 7 de julio de 1910 su fundador, Pablo Iglesias Posse:
Este partido estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad, como han estado todos los partidos, cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones.
Ahora el asunto catalán se ha "desjudicializado", dicen. O sea, que echan a los jueces del control a los políticos o, mejor, los ponen de su parte. El golpismo ya no es el de octubre de 2017, ni mucho menos. No hay más que ver en la foto los banderones de España y de Cataluña flanqueando la escalinata del Ministerio más monclovita. Lo mismo es que Laura Vilagrà y Félix Bolaños se creen Ribbentrop y Molotov, con la Democracia española haciendo el dramático papel de Polonia, claro. Repartida, troceada, violada, invadida.
Bajo la foto de la vergüenza, la reseña oficial de la web del Ministerio dice así:
Miércoles 27 de julio de 2022.
Las delegaciones del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat han llegado a un acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías y a otro acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana
"Superar la judicialización" es dejar atrás el sistema democrático, habitual estorbo para los grandes planes. En cuanto al "impulso de la lengua catalana" es tan vigoroso que expulsa a la española sin más miramientos y en contra de la Constitución pero, eso sí, se hablará innecesariamente catalán en el Senado y se intentará que la pérdida de tiempo y dinero llegue también hasta el Parlamento Europeo. El TSJC, haciendo su trabajo y teniendo en contra al gobierno central y al autonómico, rebeldes ambos, dice que llevará ante el Constitucional la nueva ley lingüística porque excluye el castellano como lengua vehicular. ¿Ante el Constitucional, dice? Bueno, esperen un segundo a que venga el de la toga mugrienta y ya si eso...
Los más posibilistas e ingenuos dicen que a cambio de todas estas rendiciones los golpistas —los de Cataluña— renunciarían a la "vía unilateral", a eso que tanto llamaron DUI, Declaración Unilateral de Independencia, para no decir golpe de Estado. Conviene recordar que por aquel entonces eran muchos los que se resistían a calificarlo así, también en el PP y por supuesto en toda la prensa. Pero lo fue, de libro, y como tal delito fue instruido. El grave error es que se juzgó antes de tiempo, lo que provocó que, con sentencia condenatoria, el golpe siguiera en marcha. Por eso ya no hacen falta DUI, ni vía unilateral, ni eufemismo alguno, porque ahora es el Gobierno de la nación el que abre paso a las hordas que se subieron en el techo del coche patrulla a proclamar la República del gatillazo. Aquellos posan ahora con Félix Bolaños. Así que habrá un referéndum pactado contra España. Si sigue Sánchez, eso está fuera de toda duda. Eso y mucho más.
El papel del Tribunal Constitucional ante el golpe —el conocido o los venideros— empieza a vislumbrarse: favorable al desmantelamiento institucional con tal de que la izquierda no pierda pie en el poder. Por eso se han tomado los atajos necesarios para llegar al camino en el que esperaba la toga polvorienta más famosa de España, la de Cándido Conde Pumpido. Vale para los golpistas y vale para los honorables andaluces que asan vacas con billetes.
La clave es que Pedro Sánchez, que "desjudicializa" y todo, tenga a mano una reforma para cualquier contratiempo. En marzo le quitó competencias al CGPJ como castigo a la resistencia del PP, pero en julio, cuatro meses después, se las ha vuelto a otorgar para que pueda nombrar a dos vocales del Constitucional en septiembre, con mayoría de izquierdas asegurada. Entonces José Antonio Griñán podrá presentar recurso contra su condena y entonces, los golpistas de la Generalidad pedirán las copas en la mesa del diálogo, allí donde invita Bolaños.
Los otros honorables y un aprendiz de cazador
De Despeñapedros —a ver si se cumple la genialidad— para abajo la cosa se pone más que fea para el partido de la honradez y la honorabilidad. En Andalucía ahora gobierna con mayoría absoluta el PP después de casi 40 años de régimen socialista y se ha visto con claridad la necesidad de ese cambio. Pero el PP ha llegado al poder sin necesidad de pedir a un juez que cocine un párrafo contra el PSOE, sin organizar cacerías con fiscales y sin bajar a las cloacas. Era tanta y tan palmaria la corrupción socialista en Andalucía que dos de sus presidentes, Chaves y Griñán, han sido condenados y uno de ellos puede entrar en prisión. No hacían falta efectos especiales.
¿Afecta esto al gobierno de Pedro Sánchez? Sin duda, pero no lo que debería; no olvidemos que al PP lo echaron por la sentencia del caso Gürtel, apañada por el juez José Manuel De Prada, que ni siquiera culpaba al PP y menos a Rajoy de robar.
Una pizca de memoria: la Gürtel se gestó en muchas reuniones, algunas tan famosas como la cacería de Torres (Jaén) en la que se concitaron fiscales que luego fueron ministros socialistas (Mariano Fernández Bermejo y Dolores Delgado), jueces que quisieron ser ministros socialistas (Baltasar Garzón) y comisarios de la confianza de ministros socialistas (Juan Antonio González). El anfitrión de la cita, paisano de Torres, el juez campeador Baltasar Garzón, fue condenado por prevaricación, el peor delito que puede cometer un juez en el ejercicio de sus funciones. Todo esto hizo falta para que existiera el caso Gürtel. Gracias a la ayuda sintáctica de garrafón de otro juez, De Prada, Mariano Rajoy se fue directo al Restaurante Arahy, y de ahí a la calle. Es evidente que cuando el PSOE judicializa o desjudicializa es porque tiene agarraderas de sobra.
El gobierno de Pedro Sánchez defiende sin rubor ni complejo alguno a Chaves y a Griñán tras una condena como la de los ERE. Sienten "orgullo", son "buenas personas", no se han llevado "ni un céntimo", "pagan —que no cobran— justos por pecadores". Vidas ejemplares. Pero las agarraderas socialistas asoman ya en el Constitucional y en la nueva Fiscalía general del aprendiz de cazador Álvaro García Ortiz. El pupilo de Dolores Delgado, una de las cazadoras del PP, ya ha anunciado que luchará contra la "emergencia climática" y fomentará el "enfoque de género" lo que se traduce en que el asesinato de Miguel Ángel Blanco ha prescrito, que de ETA no queda ni el mango del hacha y que, por supuesto, obedecerá con gusto cualquier sugerencia de clemencia, sean indultos o insultos, para los muy honorables Caballeros de San Telmo y su horno para vacas. La Gürtel de Sánchez, que es como cien o mil gürtelitas del PP y con culpa más que directa, no le baja del Falcon ni del Super Puma, que el presidente no pisa el suelo.
Así las cosas, y con los golpistas todos posando en La Moncloa, Sánchez toma el control de Tribunal Constitucional, el de la Fiscalía General —lo confesó en RNE y lo cumple a rajatabla—, se inventa Fiscalías especiales como la de Memoria Democrática y abronca abiertamente al Tribunal Supremo por la sentencia de los ERE. Y sigue viendo "intereses ocultos" y "poderes oscuros" en el PP… Ya solo faltaba lo de proscribir las corbatas y marcar por ley una temperatura en centros comerciales.
¿Acabará pidiendo duchas de tres minutos y vistiendo el chándal tricolor de la II República? ¿Será al final de sus días un pajarito?