Tras haber perdido un millón y medio de espectadores debido a su incapacidad para atraer y satisfacer a un público harto de sectarismo político y chabacanería, el cine español recibió el año pasado más ingresos en concepto de subvenciones que los procedentes de la taquilla. A la aberración que supone que un sector económico dependa de los impuestos de los ciudadanos debido a la ineptitud de sus gestores se suma el escándalo que produce saber que, en medio de una profunda crisis económica, el Estado se dedica a sufragar las aventuras de un grupo de incompetentes que disfrazan su esterilidad de presunta solidaridad y compromiso social.
Por lo visto, en el cine español no hay lunes al sol, pues ya se ocupa el Gobierno de blindar a los cineastas contra las inclemencias del mercado que desprecian. Capítulo aparte merece el favoritismo con que son tratadas las producciones en lenguas autonómicas, 10,5 millones más, y el uso que algunos gobiernos autonómicos como el catalán hacen de las subvenciones al cine para sus proyectos de construcción nacional.
No es de extrañar que en la última gala de los devaluados premios Goya nadie se dignase hablar de las dificultades a las que se enfrentan los miles de personas que cada día pierden su puesto de trabajo. Nada tienen que ver los cineastas con eso, pues todo lo que nuestras estrellas han de hacer para evitar la crisis es asistir a un acto electoral del PSOE o prestar su imagen a alguna campaña de ese partido. O hacerle el trabajo sucio a la izquierda organizando cualquier algarada contra el PP, un partido que, lejos de fomentar una industria audiovisual realmente competitiva, cometió durante sus años de Gobierno los mismos desmanes que los socialistas, antes y después.
No faltan talento ni profesionalidad en el cine español. Tanto la creciente colonia de técnicos y artistas españoles que trabajan en Hollywood como el éxito de las empresas dedicadas a la publicidad, la televisión y el doblaje de producción extranjera demuestran que es posible conjugar calidad y rentabilidad económica, o al menos conseguir una cuota de mercado que garantice de sobra la supervivencia del sector.
Mientras nuestros políticos se empeñan en justificar las inmorales ayudas al cine apelando a la protección del patrimonio cultural y a la promoción de las artes, cada vez son más los ciudadanos que perciben estas subvenciones como lo que son, un burdo sistema clientelista mediante el cual el Estado paga el apoyo político de un grupo de privilegiados cuyo presunto elitismo sólo es comparable a su tosquedad.
Las subvenciones al cine, y en general a lo que el Estado denomina cultura, es una lacra a la que conviene poner fin en aras de la equidad y la libertad, unos valores que brillan por su ausencia entre nuestros gestores públicos. Y también en beneficio de todos los jóvenes que año tras año finalizan sus estudios audiovisuales y de interpretación sin más opción que la subvención o el desempleo por culpa de los de siempre. La cultura de España, una de las naciones que más ha aportado a la civilización occidental, se merece algo más que una cuadrilla de paniaguados.