Digan lo que digan los nacionalistas, no fue la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto lo que inició la deriva independentista. Fue la negativa del Gobierno a entregar a la Generalidad la gestión de todos los impuestos. La exigencia de Artur Mas no tenía nada que ver con su patriotismo, sino con la necesidad de controlar la inspección de Hacienda, que es la que en la mayoría de los casos destapa los casos de corrupción, a base de investigar ingresos injustificados, facturas falsas, blanqueo de capitales y demás. Esquerra decidió acompañar a los golfos de Convergencia porque les da lo mismo que sus compañeros de viaje sean patriotas corruptionis causa con tal de que empujen hacia la independencia. Calcularon que, aunque no fueran mayoría, había suficientes catalanes independentistas y que el Gobierno haría lo mismo que en tantas anteriores ocasiones: nada.
Pero no contaron con dos factores. El primero es el rey y su pueblo. La reacción del monarca y el respaldo que su gallarda actitud encontró entre la mayoría de los españoles obligó al Gobierno del PP y al PSOE a intervenir, tal y como Ciudadanos llevaba exigiendo desde hacía tiempo. El segundo es que el Poder Judicial sigue siendo un poder completamente controlado por el Estado, también en Cataluña. La intervención del Gobierno al amparo del artículo 155 no sólo se ha producido tras el parapeto del Tribunal Constitucional. Todo el sistema judicial ha sido la trinchera desde la que el Gobierno ha protegido la unidad de España. No se trata sólo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Han sido jueces de a pie de Cataluña los que han investigado la ilegal actuación de la Policía autonómica, la destrucción de pruebas, los delitos de odio de algunos profesores independentistas, los acosos a la Policía y a la Guardia Civil y demás actuaciones pacíficas de los independentistas.
En Esquerra ven que, mientras el Poder Judicial en Cataluña no dependa de la Generalidad, será muy difícil lograr la independencia. La reforma constitucional que propone el PSOE para mejor encajar Cataluña en España les da la ocasión de exigir que Cataluña tenga su propio poder judicial para que tal encaje pueda producirse. La autonomía, el Parlamento y la Policía autonómica se concedieron con el mismo fin y a la postre tan sólo han servido para perseguir a los que no fueran independentistas, proteger a quienes violan la ley y proclamar normas groseramente contrarias al orden constitucional. Un poder judicial propio no ayudará a encajar nada sino que será empleado para evitar que puedan ser detenidos y condenados los independentistas cuando cometan los delitos que tienen que cometer para alcanzar sus objetivos. Los convergentes apoyarán la exigencia porque todo lo que sea poder delinquir impunemente les vale, aunque a ellos les preocupen más las malversaciones y cohechos que las rebeliones.
El peligro que todo esto entraña está en que, de plantearse, Podemos no pondría ningún obstáculo; Pedro Sánchez estaría dispuesto a concederlo; y el PP de Rajoy, con su habitual indolencia, podría muy bien renunciar a impedirlo. Luego se extrañan de que Ciudadanos suba en las encuestas.