La cercanía de las próximas Elecciones Generales ha obrado el milagro. Políticos de uno y otro signo, desesperados por enarbolar un discurso moderno y atractivo, se han puesto de acuerdo a la hora de señalar que los emprendedores serán el eje de la recuperación económica en el país. Este cambio de actitud es especialmente cínico si tenemos en cuenta que pocos países maltratan a los emprendedores como hace España. Puede que no sepamos qué sucederá después del 20 de noviembre, pero podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que, hoy en día, hacer negocios en nuestro país es un auténtico suplicio.

El castigo comienza antes incluso de que una empresa haya nacido. Abrir una firma en España cuesta tres veces más que en el resto de la OCDE y, además, requiere el doble de trámites burocráticos. El tiempo medio para inscribir una sociedad en España también es vergonzoso: hablamos de 47 días, frente a los 14 que promedian las economías más desarrolladas del mundo.

Si este suplicio burocrático ya es alarmante, algo similar podemos decir de la monumental deuda del Estado con el sector privado, que ya supera los 45,000 millones de euros. Ante este panorama, no es de extrañar que la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos declare que “las administraciones son el principal foco de destrucción de empleo”.

La cosa no acaba aquí. La fiscalidad española sigue castigando a las empresas de manera pronunciada: según datos de Eurostat, la carga máxima que soportan las compañías españolas es del 30%, es decir, un 7% más que la media europea.

Numerosos índices confirman la grave situación del sector privado en España descrita en los párrafos anterior. En su último estudio internacional, el Instituto Fraser ha situado a España a la altura de Kazajstán cuando se trata de darle facilidades a los empresarios. Tampoco nos va mucho mejor en las clasificaciones del Foro Económico Mundial, el Wall Street Journal o el Banco Mundial…

El estrangulamiento al empresario contrasta, eso sí, con la continua expansión del Estado en la vida económica del país. Aquí van algunos datos que así lo demuestran:

• 1. El tamaño del Estado en la economía española no ha parado de crecer. Desde 2004, el gasto público ha pasado del 38% al 46% del PIB, por lo que hemos alcanzado el nivel de intervencionismo estatal más alto en casi tres lustros. Esto explica la crítica situación del endeudamiento público, que ha alcanzado límites dramáticos en esta legislatura.
• 2. La voracidad recaudadora del Estado no parece tener límites. ¿Algunos ejemplos? Las sucesivas subidas de impuestos aprobadas por el gobierno central o el espectacular estallido fiscal vivido a nivel regional (solamente en 2011, las CCAA han aprobado la creación de más de 50 nuevos impuestos).
• 3. Desde marzo de 2008, el gobierno central ha aprobado más de treinta “planes de estímulo”. Solamente en el “Plan E” se perdieron 50,000 millones de euros. Por supuesto, los manguerazos de dinero público han tenido consecuencias dramáticas: el crédito a las empresas y las familias se ha reducido, el ajuste económico se ha retrasado y el endeudamiento público se ha disparado.
• 4. En la última década, la administración paralela no ha parado de crecer. Desde 2002, el número de entes públicos ha subido de 1,636 a casi 4,000. Según los datos del Banco de España, estas entidades deben más de 52,000 millones de euros.
• 5. La política de recursos humanos y duplicidades de las administraciones es también alarmante. Un estudio de la Fundación Progreso y Democracia ha subrayado que las Comunidades Autónomas podrían ahorrar 26,000 millones de euros al año aplicando un mínimo de sentido común a sus políticas de personal y gasto corriente.
• 6. El empleo público tampoco ha parado de crecer en España. Un estudio de ESADE ha demostrado que, en la última década, la plantilla de empleados públicos creció un 25% frente al aumento del 11% vivido en el sector privado. Igualmente, Alberto Recarte ha demostrado que, desde el comienzo de la crisis económica, el sector público aumentó la contratación en un 8%, frente a la reducción del 14% vivida en el sector privado.

Este contraste entre el castigo a los empresarios y los excesos del sector público debería hacernos reflexionar sobre el rol que tiene el Estado en nuestras vidas. Al fin y al cabo, si tenemos en cuenta que cada español trabaja casi 150 días al año para poder pagar sus impuestos, es normal que estemos preocupados.

España necesita abrir su economía y centrarse en dos grandes tareas pendientes: por un lado, el adelgazamiento, la simplificación y la reestructuración del sector público; por otro lado, la desregulación, la liberalización y la dinamización del sector privado.

Los emprendedores deben ser los protagonistas de este cambio: ellos tienen la llave para la creación de empleo y riqueza en nuestro país. Se ha agotado el tiempo para los experimentos intervencionistas: es la hora del realismo y la libertad.