Aún no se habían enfriado los siete cadáveres que dejó el choque entre dos vehículos en la N-II cerca de Figueras y en la madrugada del domingo cuando dos consejeros de la Generalidad, Josep Rull, de Territorio y Sostenibilidad, y Jordi Jané, de Interior, bramaban ante las cámaras de TV3 y los micrófonos de Catalunya Ràdio que el enclave es un punto negro dependiente de un Estado que "desinvierte" en Cataluña, que hace más de veinte años que tal carretera se tenía que haber desdoblado y que con la seguridad viaria "no se debería jugar". Tampoco se debería jugar con los muertos, pero ahí había dos consellers barajando la muerte de siete personas con la política para darle un palo al Estado. "Espanya ens roba" y, además, mata.
Rull y Jané, en una de las muestras de miseria política y moral más aguda de los últimos tiempos, se lanzaron en tromba sobre la tragedia como los buitres a la carroña. Horas después trascendía que al causante de la colisión, un joven francés, le habían retirado el carnet de conducir, que en el coche que conducía se habían hallado restos de una botella de vodka y siete mil euros fruto, supuestamente, del tráfico de drogas. A partir de ahí callaron Rull y Jané, pero no se debieron de morder la lengua, porque en tal caso se habrían envenenado.
Tal es el nivel de los dos sujetos que a falta de otra ocupación trataron de convertir una colisión frontal en el asfalto en una causa más para proclamar una república catalana en la que, obviamente, no habría accidentes de tráfico. A todas estas, Puigdemont daba el pésame a las familias por Twitter, habida cuenta de que el trágico suceso no era fruto de la fatalidad, la imprudencia o la estupidez de un conductor, sino del lamentable estado de las carreteras estatales, mensaje entre líneas de las reacciones autonómicas. ¿O es que Puigdemont da el pésame a todos los muertos de tráfico?
Pero resultó que no, que nada de eso, que la carretera no tuvo la culpa y que el Ministerio de Fomento podrá ser una covachuela de grises funcionarios pero no una máquina de matar conductores en Cataluña. Otro Gobierno de la Nación habría emprendido acciones judiciales o, como mínimo, exigido una rectificación a los dos consejeros, pero el que hay se toma a rajatabla lo de estar en funciones y sólo atiende los requerimientos de La Sexta y medios afines.
Así que, para muchos ciudadanos de Cataluña, el accidente y los siete fallecidos, todos jóvenes, son víctimas del Estado español, cuyas maneras de ejercer la represión sobre los catalanes son infinitas y tan sofistificadas que abarcan incluso la deficiente conservación de la trama viaria para que los asesinatos parezcan un accidente.
Lo mismo ocurre con la Sanidad. Ha trascendido que el tiempo de espera en Cataluña para ser atendido por un especialista es de un año, situación en la que se encuentran 320.000 ciudadanos. Como es obvio, la culpa también es de España, del ahogo financiero que permite pagar más de setecientos mil euros de alquiler anual por la embajada en Bruselas pero impide tratar a los enfermos. Sin embargo, hay novedad. Ojo. El consejero del ramo, Toni Comín, cree que el tiempo de espera se puede reducir con una partida de 93 millones de euros que depende de la aprobación de los presupuestos, cosa que está en manos de la CUP. Así que además del Estado, hay más culpables, la diputada cupera Anna Gabriel entre ellos.