Hay un manifiesto, firmado por sesenta profesores, catedráticos y juristas, que propone "renovar el pacto constitucional" a fin de reconocer la "diversidad identitaria" de España.
Una diversidad, conviene precisar, que para los firmantes es la que se encarna en las "reivindicaciones nacionales, catalanas, vascas, gallegas o de otros territorios con demandas identitarias". Esa diversidad se encontraría ahora doblemente amenazada. Primero, por la falta de reconocimiento, que vendrá de lejos, y después, por "una intensa e imparable recentralización" que se habría producido en España a raíz de la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, de la "pésima gestión de la crisis catalana" y de la crisis económica.
A mí me ha interesado la combinación de aquella propuesta y este diagnóstico. Dice el manifiesto, como resumen de los efectos de la recentralización, que, "salvo en aspectos simbólicos y organizativos puntuales, las comunidades autónomas carecen de facultades para desarrollar políticas públicas propias". Esto es llamativo, porque las comunidades autónomas han seguido legislando e impulsando políticas públicas propias como si no se hubieran dado por enteradas de que ya no tienen facultades. Una recentralización brutal y, sin embargo, ahí están los gobiernos y parlamentos autonómicos comportándose como gobiernos y parlamentos autonómicos, erre que erre. Eso sí, lo que puede que no tengan muchos de ellos es el dinero que tuvieron antes de la crisis. Pero eso nos ha pasado a (casi) todos.
La mejor paradoja aparece cuando uno mete en la mezcladora el resbaloso asunto de las identidades. Porque hay un tipo de políticas públicas a las que se ha dedicado antes y ahora, de forma constante, con tesón, esfuerzo y recursos, un significativo plantel de comunidades autónomas. Ese tipo de política en el que se han distinguido y empeñado, por encima de cualquier otro, es la política identitaria. Lo han hecho con unos partidos y con otros en el Gobierno. Lo han hecho esas que los firmantes llaman "comunidades históricas", pero no sólo. El tirón de lo identitario sirve tan bien a los intereses de las clases políticas y clerecías locales que han arrastrado a otras. La consolidación y cierre de identidades diferenciadas, a ser posible con el broche y la barrera de paso de la lengua propia, es el rasgo más común –algo común tenía que haber– que se puede encontrar en la política autonómica española.
La obsesión identitaria es una apisonadora de la identidad individual, de la idea de ciudadanía y de la propia diversidad. Eso que proponen reconocer en el manifiesto, las partes que componen la tal "diversidad identitaria", son las identidades nacionalistas. Son las identidades verdaderas, identidades colectivas a las que uno pertenece sólo si cumple determinadas condiciones, y que se definen en contra: contra otros. Verdaderas, porque uno es sólo un auténtico catalán, vasco, gallego, valenciano, balear o lo que corresponda cuando tiene las creencias políticas, las opciones lingüísticas y los sentimientos –incluido el sentimiento de ser nación– que dan cuerpo a esa identidad. Es una identidad cuyos promotores y constructores consideran, por supuesto, natural. Cualquier otra cosa la tienen por antinatural, por lo que no admiten otras identidades ni otras formas de entender la identidad. Es, en fin, nacionalismo en estado puro.
Donde la "diversidad identitaria" está amenazada en España es en el seno de una serie de comunidades autónomas en las que la verdadera identidad somete a los ciudadanos a presión y hostilidad: donde no tener una identidad nacionalista está penalizado de muchas y distintas formas. Cuando los firmantes del manifiesto en cuestión escriban algo en defensa de la diversidad identitaria en esos lugares, que me avisen. Porque es allí donde más lejos está de realizarse esa "España en libertad" donde puedan "convivir los diferentes" por la que dicen estar.