Todo el mundo recordará aquella soflama que Artur Mas hiciera en noviembre de 2012, en que el entonces presidente de la Generalidad y primer cabecilla del golpe de Estado separatista proclamó: "No nos pararán ni Tribunales ni Constituciones".
Pues bien, ese colosal desprecio a la legalidad, que hicieron suyos sus sucesores al frente del procés liberticida, Carles Puigdemont y Quim Torra, no es mayor ni más grave que el que ha protagonizado este jueves el mismísimo presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, ante la resolución del Tribunal Supremo que, por unanimidad, mantiene la inhabilitación como diputado de Torra, condenado en diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral. Y es que la reacción de Sánchez ante el enésimo desafío separatista al ordenamiento jurídico no ha sido otra que la de reafirmar su voluntad de reunirse con el inhabilitado golpista por medio de una declaración escandalosa: "[Torra] sigue siendo presidente de la Generalidad, diga lo que diga el Tribunal Supremo".
Naturalmente que el condenado Torra sigue siendo diputado regional y presidente de la Generalidad. Y seguirá, bochornosa e ilegalmente, ostentando esa doble condición mientras no se cumplan ni se hagan cumplir los pronunciamientos judiciales que lo inhabilitan y se siga haciendo caso omiso al propio estatuto de autonomía de Cataluña, que en su artículo 67.2 establece que para ser presidente de la Generalidad se ha de ser "miembro del Parlamento" del Principado.
El felón Sánchez muestra un nula disposición no ya a intervenir la Administración catalana en rebeldía, en aplicación del articulo 155 de la Constitución, sino a hacer cumplir lo que el TS ordena.
Es más: aun cuando no fuera condición indispensable para ser presidente de la Generalidad el ocupar un escaño en la Cámara catalana, mantener la reunión con un condenado que no ceja en su empeño delictuoso no es otra cosa que avalar la desobediencia que están protagonizando el golpista de Torra y, como presidente del Parlamento regional, el esquerrista Torrent. Así las cosas, no se puede más que aplaudir al PP por su disposición a acudir a los tribunales, tal y como ha hecho Vox en otras ocasiones, por si la dejación de funciones del presidente del Gobierno pudiera tener consecuencias penales, como las tiene y debería tener el clamoroso delito de usurpación de funciones y desobediencia que está cometiendo Torra.
En cualquier caso, no por deplorable resulta sorprendente que quien, por mantenerse en la poltrona, se alía con formaciones golpistas termine por hacer caso omiso al Supremo, "diga lo que diga" el Alto Tribunal.