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Antonio Robles

¡No al diálogo!

La segunda leyenda negra contra España debe ser desactivada ya.

El asalto del nacionalismo a la legalidad se ha calificado de muchas maneras: golpe institucional, golpe de Estado, golpe a la democracia; incluso, en palabras de Alfonso Guerra, golpe de Estado a cámara lenta. Pero quizás el más ajustado a los hechos sería "golpe contra el lenguaje". A cámara lenta, como dice Guerra, porque la perversión del lenguaje que ha llevado a cabo el nacionalismo desde hace tres décadas ha sido lenta, pero sistemática. Hasta convertirlo en inservible.

Palabras sagradas como libertad, democracia, diálogo… se han convertido en manos nacionalistas en siervos de su asalto a la legalidad. Lo que estamos oyendo en la apertura del juicio a los procesados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en boca de los abogados defensores y procesados solo es la consecuencia de ese asalto al diccionario. La invención de un relato, la manipulación de la Historia, el adoctrinamiento escolar, la falsa normalización lingüística, la falsificación de los hechos del 1-O, la DUI y la pedagogía del odio contra España sólo han sido posibles por su golpe contra el lenguaje. Adecuando a Nietzsche a la crítica del procés, podríamos decir que no desenmascararemos el relato procesista mientras sigamos creyendo en la gramática. La segunda leyenda negra contra España debe ser desactivada ya.

Hay que perder el miedo a oponerse a quienes blanden el diálogo como herramienta política de la paz. Hoy sabemos que todos los que lo esgrimen a propósito del procés, como ayer se hizo a cuenta del fin de ETA, lo han prostituido, o están bajo el influjo de su hegemonía moral.

Diálogo, sí, pero dentro de las reglas que lo hacen posible, nunca como excusa para vendernos de contrabando el expolio de la soberanía nacional. Utilizado como lenguaje paliativo para evitar enfrentarse a la realidad y a los que la retuercen, ni nos libra de sus estigmas ni soluciona nada. Ni una excusa más del presidente del Gobierno o del nacionalpopulismo federal, confederal o directamente separatista para blanquear y justificar a toda esta caterva de impostores. Hoy mismo, el discurso lacrimógeno de Junqueras, el más ladino, astuto, cínico y peligroso de los líderes separatistas, se agarraba al diálogo como si por sí mismo le absolviera de sus responsabilidades: "Nada de lo que hemos hecho es delito (...) siempre la voluntad ha sido la del diálogo".

La relación tóxica alcanza a la misma democracia. ¿Cómo se puede sostener el mismo día de la apertura del juicio por rebelión: "Antepongo la democracia a cualquier ley"? (sentencia del mismísimo presidente de la Generalidad, Quim Torra) ¿Se puede mostrar de forma más tosca su aversión a la democracia? Una democracia sin normas legales no es democracia. La democracia sin ley es solo turba. La Fiscalía se lo dejó claro en el TS: "Nadie está por encima de la Ley y el actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune".

Ahora que el señor de las "bestias con forma humana" anda suelto en noches de luna llena, el catalanismo del peix al cove quiere recuperar al moderado Artur Mas. ¿Nos quieren tomar por idiotas? En el origen de este quilombo, el Mesías del procés sentenció: "La democracia está por encima del Estado de Derecho". Tal para cual. Y si buscamos un tercero para completar la tríada de macarras de la democracia con cuota femenina nos encontramos con esta lúcida ignorancia encarnada en la alcaldesa, Ada Colau: "Estamos dispuestos a desobedecer leyes injustas porque el derecho a decidir del pueblo de Cataluña es un principio democrático irrenunciable".

Cree que, porque ella considera justa su causa, la causa está por encima de la ley. No ha entendido ni una palabra de la democracia. Si así fuera, cualquiera estaría legitimado por sus valores subjetivos o su sentido de la justicia a cumplir o a incumplir las leyes. Pero si cualquiera lo pudiera hacer, ¿qué diferencia habría entre la ley de la selva y esa idílica democracia de Ada Colau, Artur Mas y Quim Torra?

PS: Manifiesto en defensa de las instituciones democráticas del Estado.

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