Los planes de Madrazo contra la propiedad privada muestran la preocupante deriva de un País Vasco gobernado por la suma de dos ideologías totalitarias: el nacionalismo étnico del PNV y el marxismo ortodoxo del Partido Comunista. La penalización de viviendas clasificadas como “vacías” por la Administración autonómica, con un recargo del IBI de un 150%, es una confiscación que, además de arbitraria, resulta impracticable por la imposibilidad de demostrar legalmente que un piso está deshabitado. Su ejecución obligaría al Gobierno a crear una policía específicamente dedicada a vigilar la propiedad, con el enorme coste, en términos fiscales y de libertad, que una medida tan aberrante tendría para los ciudadanos. Por desgracia, la persecución de propietarios de viviendas no es una ocurrencia original de Madrazo. En enero de 2003, el Gobierno de la Nación tanteó una reforma fiscal en esa misma dirección –si bien  con un recargo de mucha menor intensidad en el IBI–. Las políticas de vivienda que se dirigen contra la propiedad están condenadas a fracasar, pero es inútil confiar en que Madrazo aprenderá de la experiencia. Para él, como para cualquier enemigo de la libertad, las tentativas fracasadas de realización de sus visiones obedecen siempre a que éstas no se persiguieron con la suficiente disciplina.