Seis días de acoso. Seis días, sin reparar siquiera en el descanso dominical, durante los cuales una ofensiva político-mediática sin precedentes se ha cebado con una simple cadena de radio. El chupinazo lo dio un ministro, pero no uno cualquiera sino el responsable de regular el sector audiovisual. Al día siguiente, un falso aviso de bomba obligó a evacuar el edificio donde la emisora tiene su sede. Un día después, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, abrió un expediente a la emisora para "tomar las medidas pertinentes" si ésta viola la Constitución. Dos días más tarde, ya en el fin de semana, los dos periódicos más leídos de Cataluña, El País y El Periódico, arremetían con furia en un despliegue editorial de varias páginas en las que no faltaba la petición formal de un boicot publicitario a un medio de comunicación que vive de eso mismo; de la publicidad. El lunes vuelta a empezar. Los servicios informativos de la emisora revelan que, desde la Generalidad, se han enviado correos a distintos empresarios insistiendo en el boicot comercial que, un día antes, pedía la prensa adicta.

No estamos ante una acumulación de casualidades sino ante una campaña perfectamente orquestada para asfixiar piolítica, social y economicamente a un medio de comunicación independiente cuyo único "delito" es llevar la contraria al Gobierno. En un país normal algo semejante habría ocasionado una crisis política de grandes dimensiones. Aquí, sin embargo, muchos, demasiados callan. Y, ya se sabe. el que calla, otorga.