Desde que el 8 de diciembre de 2000, el Gobierno, el PP y el PSOE firmaran el llamado Pacto por la Libertades y contra el Terrorismo, el propio terrorismo dejó de convertirse en arma arrojadiza entre partidos. Ahora lo que se lanzan es el Pacto. Ocurrió lo mismo con el firmado a propósito de la Justicia o el rubricado en Toledo, por las pensiones. Pero las pregunta son: ¿y si se viola, qué? ¿Hay algún instrumento jurídico para penalizarlo? ¿Sirve para detener terroristas o sólo para aparentar unión entre dos partidos mayoritarios? Son innumerables las ocasiones en las que el PSOE ha roto de hecho el Pacto. El ejemplo más notable ocurrió entre el 11-M y el 14-M, cuando todo el partido puso en duda la actuación del Ministerio del Interior y presumió de haber tenido acceso a información propia sobre la masacre. ¿Ocurrió algo? ¿Es necesaria una especie de sentencia que acredite que se ha violado? Con el PSOE en el poder, nada ni nadie le ata para cambiar a su antojo el espíritu de ese acuerdo tan esgrimido por Zapatero como una señal del talante de su partido. En definitiva, si lo rompe –si lo vuelve a romper– no pasará nada porque no está previsto que pase nada. A cambio, como dice Blanco, no hará falta una segunda votación para elegir a Zapatero Presidente.