Bien está que el Gobierno de Rajoy haya rechazado de plano la pretensión del PNV de que los presos de ETA estén como máximo a 250 kilómetros del País Vasco, lo que supondría acercar a 264 terroristas, a cambio de su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado. La política penitenciaria no debe ser moneda de cambio en una negociación política, y lo que no se concedió a cambio de la vida de Miguel Ángel Blanco no debe ser ahora objeto de trueque para sacar adelante unos Presupuestos que, además, no saldrán adelante sin la abstención del PSOE o sin el apoyo de otras formaciones, como Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
La decisión de dónde deben los presos cumplir su pena exige un tratamiento individualizado, en función de la evolución y de las circunstancias personales del reo, y no admite privilegios para una determinada clase de presos por su pertenencia a una determinada organización. Más bien al contrario, el hecho de que formen parte de una organización terrorista que no ha desaparecido aconseja una política de dispersión que rompa las ligaduras y la disciplina interna de la misma.
Con todo, el Gobierno de Rajoy tiene la obligación de aclarar qué es lo que está dispuesto a pactar a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos en el caso de que éste no tenga bastante con la reciente abstención del PP que le ha permitido aprobar las cuentas autonómicas.
Dados los endiablados resultados de las últimas elecciones generales, los pactos y la "necesidad de hacer amigos" –en expresión de Rajoy– serán ciertamente ineludibles, pero no menos exigible es la transparencia. Más aun cuando se trata de una formación como el PNV, que si bien está últimamente mucho más moderado que sus pares catalanes, siempre ha abogado indecentemente por los presos etarras. Eso, por no recordar que el propio Gobierno de Rajoy ha hecho la vista gorda ante la burlada Ley de Partidos y que ha excarcelado a decenas de terroristas aplicándoles indebidamente la sentencia que el Tribunal de Estrasburgo emitió para el solo caso de la etarra Inés del Río
Dejando de lado el hecho de que el Gobierno lo que tiene que hacer es esforzarse no por acercar terroristas a sus casas sino por engrosar la lista de etarras presos, a fin de que rindan cuentas por los más de 300 crímenes de la banda que todavía siguen impunes, cabe preguntarse si no sería preferible que el PP negociara directamente la abstención del PSOE, lo que permitiría al Gobierno sacar adelante los Presupuestos sin más consideraciones; sin ella, vale la pena insistir, no le serán suficientes los apoyos de PNV y Ciudadanos.
Ya podrán en el PP y en Ciudadanos no darse por enterados de que los sondeos siguen insistiendo en que alcanzarían una mayoría suficiente para gobernar por sí solos en el caso de que se celebraran unas nuevas elecciones. Pero lo cierto es que mientras el Congreso siga estando determinado por los resultados del 26-J, la abstención del PSOE seguirá siendo decisiva, so pena de hacer que el Gobierno dependa de peligrosas compañías e indeseables amistades.