La crisis que España padece como nación y como Estado de Derecho ha sido orillada en un Debate sobre el Estado de la Nación que se ha centrado, tal y como lamentablemente era previsible, en la situación económica.
Con la excepción de la portavoz de UPyD, ni una palabra han dirigido los intervinientes del debate a la mayor excarcelación de etarras desde la Transición. Ni una mención a la desestabilizadora y creciente presencia de los proetarras en las instituciones ni a los últimos numeritos circenses de los criminales encapuchados. Tampoco se ha hecho referencia alguna a la gravísima situación de Navarra, donde los socialistas han anunciado su disposición a desbancar al legítimo Gobierno de UPN con el apoyo de los batasunos de Bildu. Ninguna referencia al calamitoso estado de la Justicia, crisis capital de la que se derivan otras.
Naturalmente, Rajoy no ha podido ignorar –entre otras cosas, porque el portavoz de CiU no lo habría permitido– el desafío secesionista de los nacionalistas catalanes, que no es el único pero sí el mayor factor de desestabilización que padecen la Nación y el Estado de Derecho. Dada su renuencia a hacer declaraciones al respecto, casi podría emocionar la referencia del presidente del Gobierno a la legalidad, a la soberanía nacional y al "derecho de todos los españoles a decidir" el futuro de España. Rajoy, sin embargo, sigue desenfocando el problema y sin dar garantías de su solución. Sin utilizar la palabra chantaje, Rajoy ha recordado cómo Mas le planteó hace dos años el pacto fiscal o la consulta secesionista; pero acto seguido ha vuelto a ofrecer al presidente de la Generalidad "un diálogo sin caducidad" para pactar con él un nuevo y privilegiado sistema de financiación, lo que no deja de constituir un premio o una cesión al chantajista.
En esa línea, el presidente ha puesto en valor el importe, ciertamente cuantioso, de los Fondos de Liquidez Autonómica entregado "a Cataluña". La cuestión, sin embargo, es que el Gobierno de Rajoy no ha destinado esos préstamos a bajísimos tipos de interés "a Cataluña", sino a una Administración en abierta rebeldía que ya dispone para financiarse de una porción de los impuestos más que suficiente e incomparablemente superior a la que percibe cualquier Administración regional en cualquier otro país.
Esa absurda pero recurrente y extendida identificación entre Cataluña y la Generalidad ha facilitado a un Duran i Lleida disfrazado de cordero justificar la percepción de esos fondos en la contribución de Cataluña al PIB nacional y a su capacidad de endeudamiento.
Con la ya referida excepción de UPyD, no se ha atisbado ninguna propuesta de reforma y adelgazamiento del sobredimensionado Estado de las Autonomías, y el debate ha oscilado entre el inmovilismo y los diferentes grados de cesión a las reivindicaciones nacionalistas.
Rajoy se ha centrado, por el contrario, en poner en valor los brotes verdes que exhibe el sector privado de la economía; pero sin reparar en la fragilidad de los mismos por culpa de una política sólo nominalmente reformista y austera. Algún anuncio electoral de reducción de la presión fiscal, que el propio Rajoy ha elevado como nadie, servirá para producir algún titular, pero para poco más.
Por su parte, Rubalcaba, carente de toda credibilidad para dar lecciones en materia económica a causa de la desastrosa herencia dejada por el Gobierno del que fue parte fundamental, ha hecho propuestas a favor de un todavía mayor gasto público que no harían sino acrecentar el problema.
El enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y el todavía líder del principal partido de la oposición no ha dejado de ser un fuego de artificio, típico de los periodos preelectorales. Mientras no entren a analizar las raíces de la crisis nacional e institucional, las perspectivas de recuperación económica serán, lamentablemente, tan escuálidas como las que prevé el Gobierno.