Al margen del atentado a las libertades de expresión, asociación y cátedra que conlleva el cainita, sectario y liberticida anteproyecto de ley de "memoria democrática” impulsado por el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, otro de los numerosos aspectos criticables de ese totalitario bodrio jurídico es su absoluto olvido o el caso omiso que hace a la memoria, la dignidad y la justicia para con las víctimas de ETA.
Tal y como ya se ha señalado en estas mismas páginas, resulta bochornoso que, mientras el Gobierno pretende crear algo tan surrealista como una nueva Fiscalía de Sala para investigar hechos de la Guerra Civil y la dictadura, se olvide y no haga nada por salvaguardar la dignidad y el derecho a la justicia de las víctimas de la extrema izquierda nacionalista vasca, la inmensa mayoría de las cuales fueron asesinadas en plena democracia. Y es que, como ha venido a denunciar este miércoles Dignidad y Justicia en un encomiable y demoledor comunicado, llama escandalosamente la atención que el Gobierno atribuya a la Fiscalía “funciones más propias de un historiador” que de un investigador del Derecho para indagar hechos acontecidos en una dictadura y en una guerra civil acontecidas en el siglo pasado, pero sin embargo no se acuerde de los más de 370 asesinatos de ETA que todavía no se han resuelto, “muchos de los cuales no han prescrito”. Así mismo, DyJ denuncia la “falta de voluntad de la Fiscalía General del Estado” a la hora de impulsar la causa por “delitos de lesa humanidad” por los crímenes cometidos por ETA abierta en la Audiencia Nacional, a pesar de haberse dictado auto de procesamiento desde el año 2015, “siendo imprescriptibles estos delitos”. Eso, por no recordar que, en estos mismos momentos, Sánchez e Iglesias están buscando el apoyo de los proetarras de Bildu, cuyos representantes se jactan –lamentablemente, con razón– de estar condicionando la acción del Gobierno.
Así las cosas, sólo cabe lamentar el clamoroso y acomplejado silencio que ante este nauseabundo anteproyecto de ley está manteniendo el PP, que lo más que ha hecho hasta la fecha es decir que presentará su propia propuesta, una “ley de concordia”, como alternativa. Al margen de que tampoco la concordia se puede imponer por ley, esta “propuesta propia” de los populares parece encaminada más bien a justificar una inadmisible abstención ante un proyecto legislativo social-comunista que trata, precisamente, de hacer añicos la concordia y la reconciliación alcanzadas durante la Transición, cuyo reflejo legislativo no es otro que la Constitución, aprobada abrumadoramente por los españoles.
El sectario y liberticida anteproyecto de Sánchez e Iglesias no solo merece la más rotunda negativa del partido de Casado –partido que, se supone, pretende seguir liderando la oposición–, sino que también requiere –puestos a hacer memoria– que se recuerde cómo bajo las mismas siglas del PSOE se alentaron atrocidades, crímenes y rebeliones contra la democracia.
Lo que el PP no puede –por mucho que estúpidamente tema que se le tache de franquista– es abstenerse ante la deliberada pretensión del Gobierno de imponer por ley una versión de la Historia, porque eso conlleva el menoscabo de la libertad presente y futura de todos los españoles. Ya sabemos por Cayetana Álvarez de Toledo que el PP de Casado no está interesado en librar el debate de ideas o la llamada 'batalla cultural'. Confiemos en que la renuencia de Casado no llegue a esos cobardes y suicidas extremos. Y menos aún que lo disfrace de una falsa concordia.