La fantasía de que el problema catalán tiene solución solo es eso, una fantasía. El problema catalán no tiene solución. O, al menos, no la tendrá ni en esta ni tampoco en el transcurso de la próxima generación. En cualquiera de los casos, los que ahora estamos vivos nunca la llegaremos a ver. De ahí que proceda no depositar excesivas esperanzas en el sistema educativo como potencial instrumento corrector de las tendencias sociales profundas que alimentan el separatismo. Y ello porque en Cataluña el separatismo se aprende en la escuela, sí, pero no se interioriza en la escuela. Los maestros-predicadores y los manuales escolares militantes y sesgados, sin duda, ayudan a crear futurosfanáticos. Y hay que combatirlos, a los unos y a los otros, con la Ley en la mano. Hasta ahí la obviedad. Pero conviene no caer en ingenuidades voluntaristas a ese respecto. Porque sin todos esos maestros-predicadores y sus manuales militantes, el separatismo catalán existiría igual y tendría la misma fuerza que tiene. Donde el separatismo se inculca de verdad es entre las cuatro paredes del hogar familiar, no en los pupitres de escuelas e institutos. Es algo que pasa de abuelos a padres y de padres a hijos. Por eso es tan fuerte, porque se mama desde la cuna en el círculo más íntimo y privado. Y por eso mismo no tiene solución. Como los apellidos y como el código genético, las lealtades nacionales se transmiten en familia, de generación en generación.
A ese respecto, lo único que hacen las escuelas controladas por el nacionalismo obligatorio e institucionalizado es reforzar tendencias que ya fueron inoculadas con anterioridad al inicio de su apostolado evangelizador. He ahí, por cierto, la explicación sociológica última al hecho tan desconcertante para los líderes separatistas de que los catalanes de lengua materna castellana pero educados en escuelas nacionalistas, y prácticamente en su totalidad, se manifiesten de forma activa contrarios al proyecto de ruptura con España. Los castellanos, como ellos dicen, hemos resultado inmunes en masa al virus pese a haber estado expuestos a él durante, al menos, toda nuestra infancia y primera juventud. Y la culpa de que hagamos lo que hacemos y de que seamos como somos la tienen nuestros padres, muchos de ellos muertos ya. Pero que el adoctrinamiento institucional resulte felizmente ineficaz en la mitad de los casos no implica que deje de ser inadmisible en la totalidad de ellos. Combatir eso, en teoría, debería ser la misión prioritaria de la llamada Alta Inspección del Estado, quizá el organismo de nombre más rimbombante y operatividad más limitada entre todos los que integran la Administración española.
Que la Alta Inspección nada inspecciona es sarcasmo por todos sabido desde hace cerca ya de medio siglo. Y la razón de su definitiva impotencia nos remite a uno de los fallos estructurales más graves que lastran la operatividad del Estado autonómico. Me refiero a la clamorosa ausencia en el modelo descentralización español de instrumentos a disposición del poder central para controlar de forma directa, sin intermediarios, la efectiva aplicación de las normas de aplicación general en todos los rincones del territorio. Aquí, a diferencia de los Estados federales y por asombroso que parezca, eso no existe. Por eso la Alta Inspección es poco más que un chiste a ojos del consejero de Educación de turno en Cataluña (pero no solo en Cataluña). Pues sépase que ese ente administrativo carece de poder real alguno para imponer autoridad ninguna a las Comunidades Autónomas. Poder ninguno. Autoridad ninguna. Eficacia ninguna. Informes todos. ¿ hay que cambiar los libros de texto en Cataluña? Sí, claro. Pero antes habría que cambiar el torpe redactado de la Constitución que nos ha llevado a que ese disparatado descontrol sea posible.