Y la verdad es que no sé por qué dedico un término tan benévolo, cuando, analizándolo en profundidad, habría muchas posibilidades de estimar que estamos ante un caso claro de malversación. Ya sé que dirán ustedes que cómo puede calificarse de malversación cuando está respaldado por lo que suele llamarse, quizá de forma indebida, voluntad popular –por aquello de que lo han decidido los padres de la patria– o en otras ocasiones, de forma más certera, voluntad política que, en este caso significa, no voluntad de la polis, sino voluntad de los políticos.
La aprobación en el Congreso de los Diputados del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria no deja espacio alguno para la duda pues sólo 23 diputados osaron votar en contra de lo que 313 votaban a favor. Yo realmente no sé como interpretar ese resultado. ¿Quizá todos tienen intereses bancarios? ¿Es acaso que los que más aspiran a integrarse en los Consejos de Administración de las entidades financieras cuando dejen la función pública? Si se tratara de una competición deportiva, pensaría uno que se les había ofrecido una buena prima, si el resultado era positivo. Aunque, dada mi escasa afición a los deportes pagados, esta aprobación me sitúa más en el recuerdo de las adhesiones incondicionales; siempre convenía que alguien, algo así como un siete por ciento de los presentes, votara en contra, pues lo contrario no era presentable públicamente.
Lo cierto es que nuestro pulmón financiero público va a aportar inicialmente nueve mil millones de euros, los cuales podrán ampliarse, mediante deuda avalada por el Tesoro, hasta poder alcanzar los noventa mil millones, a ese fondo que responde a las siglas de FROB. A mí me rechina hasta la denominación del Fondo. Me pregunto: ¿no hubiera bastado llamarle "Fondo de Reestructuración Bancaria"? Si la pretensión del Gobierno y del Parlamento es convencernos de que será ordenada, no lo van a conseguir; menos, cuanto más se empeñen. Ni se me había ocurrido pensar en ese problema, pero ya que lo dicen, es el momento para que empiecen mis dudas. Puestos a hacerlo largo, si ese es el deseo, mi oído se sentiría más confortable con la denominación "Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada", pero, en fin, como tampoco soy un lingüista, vamos a dejarlo ahí.
Lo que sí que soy es un contribuyente y, en la medida en que la renta me lo permite, un modesto ahorrador. Por eso me estremece al ánimo cuando imagino ese torrente de miles de millones destinados a reestructurar no se sabe qué, porque lo que precisa reestructuración, y urgente, son las mentes, las competencias, las capacidades, las habilidades y la honestidad de los banqueros. Ya sé que hay quien hace aceptablemente bien sus deberes, pero el Gobierno prefiere que no distingamos y que incluyamos a todos en una misma cesta.
Me estremece porque ya estoy pensando que si Dios aún me da unos pocos años de vida, veré aumentar la presión fiscal que tendré que soportar para devolver la deuda que por motivos bien diferentes, pocos de ellos confesables públicamente, está contrayendo el Estado. Y conmigo, mis hijos y mis nietos que, al menos estos últimos, nunca eligieron al Sr. Rodríguez Zapatero para que les gobernase. ¡Pobrecitos míos! Y lo que ya colma el vaso es la alegría con la que tanto el presidente como la vicepresidenta segunda afirman que aún hay margen para el endeudamiento. ¿Adoptan conclusiones semejantes en su economía doméstica? Si no es así, ¿qué ocurre, que el Estado no es nada y detrás de esa nada no hay nadie?
Me decía, con gran extrañeza un muy querido colega universitario, identificable con una izquierda inteligente y racional –también los hay, aunque no se les vea–, ante unos datos que estábamos manejando, que debía haber algún error en los mismos pues de ellos se deducía que las universidades americanas que más dinero recibían de subvenciones y ayudas eran las más potentes, las mejor dotadas. Con gran delicadeza traté de explicarle que a mi me parecía lógico que así fuera, pues la ayuda hay que darla a quien es capaz de aprovecharla. Los indolentes, los manirrotos, los pródigos, los vagos, los que eluden sus responsabilidades, los que engañan, los que estafan, etc. no merecen ayuda alguna, y, si alguna tienen, mejor eliminarla cuanto antes.
Nuestro Parlamento, sin embargo, está dispuesto a entregar dinero público a administradores de entidades financieras que con toda probabilidad han agrupado más de uno de los rasgos apuntados. Me bastaría, si queda algo de conciencia en el hemiciclo –quiero pensar que sí–, que alguno de los 313 que votaron a favor se pregunte si entregaría su patrimonio personal a tales administradores para cumplir con la reestructuración de las entidades que administran. Si la respuesta es que no, que trate de explicar a la sociedad por qué sí que está dispuesto a hacerlo con el dinero de todos los españoles.
Pues bien, lo que más me asombra es que el pequeño rifirrafe entre Sus Señorías no ha sido por ese problema, sino porque la medida puede entrar en conflicto con las competencias de las comunidades autónomas y sus respectivos estatutos. Ante esto, ¿saben qué? Que si la medida plantea un conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, mi opinión, es no entrar en el mismo. Que quien así lo alegue, que reestructure lo que es propio de su competencia con sus propios recursos, pero sin mendigar financiación del Estado, no vaya a ser que a los mendigos del sistema financiero y bancario haya que añadir los que proceden del sistema político autonómico.
Me disculpo ante el lector por el tono de estas líneas, pero es que, francamente, uno ya está harto de tanto despilfarro y, ahora sí, de tanta malversación; cuando además vemos a los despilfarradores y malversadores a cobijo de la reestructuración. Y no me vale que me hablen de que Estados Unidos también reestructura. Allí al Sr. Madoff ya le han dado un ticket para que pase ciento cincuenta años en un establecimiento penitenciario y aquí, que yo sepa, se sigue jugando al golf.