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Derecho a decidir

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Editorial del programa Sin Complejos del domingo 4/8/2013

Como saben ustedes, Escocia celebrará el año próximo un referéndum para decidir si se independiza del Reino Unido o no.

Si uno quiere buscar justificaciones históricas, los escoceses tienen argumentos suficientes para respaldar su derecho a decidir. No en vano, Escocia fue reino independiente durante casi 900 años, entre el 843 y el 1707, fecha en la que los dos parlamentos, el escocés y el inglés, deciden la unión entre los dos reinos.

Pero el hecho de que existan justificaciones históricas remotas para realizar un referéndum no quiere decir nada, por supuesto, acerca del resultado de ese referéndum, como ponen de manifiesto todas las encuestas, que auguran un claro fracaso de los independentistas. Hasta tal punto es así, que Esquerra Republicana de Catalunya está presionando a CIU para que convoque un referéndum de secesión antes de que se conozca el resultado del referéndum escocés, por el temor a la influencia que un "no" de los escoceses a la independencia pudiera tener en la opinión pública catalana.

Aunque si les traigo a colación el caso escocés es por otro tema más curioso: ayer conocimos la noticia de que las islas Shetland, Orcadas y Hébridas, es decir, los archipiélagos escoceses situados al norte y noroeste, se están planteando independizarse de Escocia, en caso de que Escocia se independice del Reino Unido.

La cuestión es muy simple: si en Escocia se empezó a plantear el asunto de la independencia fue a raíz del descubrimiento de petróleo y gas en las costas escocesas. Pero claro, esos yacimientos de petróleo y gas están situados, principalmente, en dos de los tres archipiélagos mencionados. Con lo que, al proponerse el referéndum escocés, los habitantes de esas islas se han preguntado: si los escoceses no quieren compartir el petróleo y el gas con el resto de los británicos, ¿por qué narices tendríamos nosotros que compartir nuestro petróleo y nuestro gas con el resto de los escoceses?

El asunto no es ninguna tontería y plantea en toda su crudeza el problema fundamental en este tipo de cuestiones: el ámbito de soberanía.

Imaginen, por ejemplo, que mañana se descubriera petróleo en la sierra de Madrid. A algún listo se le podría ocurrir entonces la pregunta: ¿por qué los madrileños tenemos que compartir nuestro petróleo con el resto de españoles? Tras lo cual, por supuesto, el ayuntamiento en el que estuvieran localizados los pozos podría preguntarse lo mismo: ¿y por qué nuestro ayuntamiento tendría que compartir el petróleo con el resto de madrileños? Y, por la misma regla de tres, el dueño de la finca donde los pozos estuvieran situados podría terminar por preguntarse: ¿y por qué razón tendría yo que compartir mi petróleo con el resto de habitantes de este ayuntamiento?

Por supuesto, toda esta catarata de presuntos derechos a decidir no es más que una sandez. El derecho a decidir corresponde, única y exclusivamente, al sujeto de soberanía establecido por las leyes. Y ese sujeto de soberanía solo puede modificarse recurriendo a los procedimientos legalmente establecidos.

¿Que hay algún independentista al que le moleste que no se pueda convocar un referéndum solo en una región española? Bueno, pues no tiene más que instar la reforma de la Constitución. Y será el sujeto de soberanía, es decir, el conjunto del pueblo español, quien tendrá que decidir si acepta esa reforma constitucional o no.

Lo contrario sería no solo ilegal, sino además absurdo. Porque vamos a suponer que el sujeto de soberanía no fuera el conjunto del pueblo español. ¿Quién lo sería entonces? ¿El conjunto de ciudadanos de cada autonomía? ¿El conjunto de ciudadanos de cada provincia? ¿El conjunto de ciudadanos de cada ayuntamiento?

Yendo al caso catalán, vamos a imaginar que se celebrara un referéndum de independencia y que el sí ganara en todas las provincias, menos en Tarragona. ¿Por qué el conjunto de los catalanes tendría derecho a imponer a los tarraconenses que se separaran de España? O vamos a suponer que el sí gana en todas partes de la provincia de Barcelona, menos en el cinturón industrial. ¿Por qué el conjunto de los barceloneses tendría derecho a imponer a los habitantes de Hospitalet que se separaran de España?

Al final, de lo que se trata es, precisamente, de respetar el derecho a decidir: los catalanes ya decidieron en su día aprobar, de forma abrumadoramente mayoritaria, la actual Constitución, que dice que el sujeto de soberanía es el pueblo español. Y esa decisión de los catalanes hay que respetarla. Y los catalanes no nacionalistas tienen todo el derecho, porque la Constitución les ampara, a que se respete su decisión de seguir siendo ciudadanos de España. Nadie tiene derecho a imponerles lo contrario violentando la ley.

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