Las clases dirigentes de Cataluña son un desastre. No se salva nadie. El último en demostrar una estulticia mayúscula ha sido el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, quien tras una semana de disturbios y saqueos en la capital catalana ha despachado vía Twitter el sermón de los 140 caracteres sobre las desigualdades sociales. ¿Pero que tendrá que ver el pillaje en las tiendas de lujo del Paseo de Gracia con un supuesto malestar inducido por las diferencias entre ricos y pobres, reverendísimo señor? Con perdón, eminencia, pero está usted en la higuera.
Entre los haselianos hay de todo, incluso críos que no tienen dónde caerse muertos, pero son mayoría los hijos de papá, como el mismo rapero de la familia Rivadulla de Lérida, niñatos que veranean en torres con piscina de la Costa Brava y pasan los fines de semana de invierno en casoplones de la Cerdaña. Igual que no pocos dirigentes de la CUP, chicos y chicas mal de casa bien, pijoborrokas que no han pegado un palo al agua en su vida.
El barrio de Sants de Barcelona, una zona donde predomina el voto separatista, está consternado por el encarcelamiento de uno de sus vecinos, un tal Carles que regenta un bar y es conocido por su activismo e implicación en iniciativas sociales como las meriendas populares independentistas. A Carles le trincaron los Mossos cruzando contenedores. Les costó detenerle, pues el hombre, de 37 años, iba calzado con unos patines que manejaba con maestría. Una jueza le ha mandado al trullo y los bares del barrio se han llenado de carteles en los que se exige la libertad del colega.
El tipo debe de saber lo que cuesta mantener un negocio (abierto por sus padres), y seguro que no sería partidario de que le reventaran la cristalera de la taberna para exigir la libertad de un delincuente. Es un individuo popular, bien considerado. Hasta en la Consejería de Interior hay carteles que piden su puesta en libertad. Los mossos que le detuvieron deben de estar perplejos por la reacción de los funcionarios del departamento. El caso expresa a la perfección el deterioro social provocado por una década de proceso separatista. Carles, el último bombero pirómano, servicial y reconocido hostelero de día, incendiario alborotador de noche al que no le importaría que volcara una furgoneta policial con un montón de mossos dentro.
Todo empezó con Pujol, sí, pero Artur Mas fue el que inauguró la última fase del proceso. Con él se jodió el Perú. Después vino Puigdemont, un tremendo represaliado cuya señora cobra de la Diputación de Barcelona y cuya casa en Gerona está custodiada por un retén de los Mossos. Por no hablar de Torra, que les dijo a los vándalos de los Comités de Defensa de la República (CDR) que apretaran. Ahora vive como un marqués cobrando más de cien mil euros al año a pesar de estar inhabilitado y critica la presunta contundencia de los Mossos con los socios del club de amigos de Pablo Hasél.
Comparados con los actuales gerifaltes de la Generalidad, Mas, Puigdemont y Torra son unos fenómenos ilustrados. No hay más que ver a Aragonès, el becario de Junqueras. O al consejero de Interior, Miquel Sàmper, un desahogado capaz de despotricar contra los Mossos por la mañana y decir que son cojonudos por la tarde.
En ese contexto, a nadie le extraña ya que ERC y JxCat estén dispuestos a ceder la presidencia del Parlament a la CUP. Y no sólo eso. La Consejería de Interior también está en venta a cambio de que los cuperos bendigan un nuevo Gobierno separatista plagado de altos cargos que jaleen la destrucción del Paseo de Gracia a cargo de sus hijos, de sus sobrinos y de las buenas gentes tipo Carles, el mesonero de Sants.
Y son los más votados, en efecto. En el pecado está la penitencia. Eso sí, el espectáculo es sensacional y promete emociones fuertes. La CUP exige la disolución de los antidisturbios de los Mossos para dar su visto bueno a un nuevo Govern. Próximamente en sus pantallas.